Complot y purga

El miércoles 11 de febrero, el New York Times publicó en su primera plana una nota sobre las propiedades de la familia de José Murat, exgobernador priista de Oaxaca y uno de los actores clave en las negociaciones del Pacto por México al inicio de este sexenio. El reportaje sobre la familia Murat se había anunciado días atrás y es parte de una investigación más amplia sobre diversos personajes con importantes inversiones en bienes raíces en la ciudad de Nueva York.

Ese mismo miércoles, a pesar de la expectativa generada en diversos círculos, la mayoría de las primeras planas de los diarios nacionales no dedicaron espacio alguno a la nota que era primera plana en el New York Times. En su lugar, las primeras planas se las llevó la detención del hermano del gobernador perredista con licencia Ángel Aguirre. Algo similar ocurrió con el caso de la hoy famosa Casa Blanca de la esposa del presidente Peña Nieto: en un principio, apareció en más primeras planas del extranjero que en las de medios locales.

Estos acontecimientos despiertan varias preguntas para las que no tengo respuesta: ¿Era mejor nota la de Aguirre o la de Murat? ¿El gobierno federal decidió proceder contra el grupo de Aguirre para contener el impacto mediático de la anunciada nota sobre Murat? ¿Por qué algunos casos de presunta corrupción son investigados o cubiertos por medios internacionales antes que por medios locales? ¿Es más relevante la corrupción para los medios de afuera que para los de adentro? Lo que no logró hacer ni la alternancia ni los medios nacionales en su momento —desenmascarar corruptelas de escándalo— ahora parecen hacerlo medios internacionales y muy contados medios locales.

Diversos voceros gubernamentales han sugerido que los escándalos sobre las propiedades del Presidente, su secretario de Hacienda —y ahora el de los Murat— es una estrategia de los actores y grupos de interés afectados por las reformas estructurales aprobadas en este sexenio: una campaña orquestada, un complot. El gobierno federal, por cierto, no está solo en este grupo: el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard también se duele de un complot en su contra a propósito de la línea 12 del Metro. Y lo mismo ocurre con los líderes del PRD a propósito de Iguala.

Supongamos sin conceder que, en efecto, hay actores interesados en desprestigiar al gobierno federal o a cierto partido político, bloquear ciertas reformas o de plano descarrillar ciertas carreras políticas. ¿Acaso nuestros políticos no sabían a lo que se exponían? ¿Acaso el gobierno esperaba una luna de miel permanente con los medios?

Pero hay una pregunta más importante: ¿Dejan de ser graves y preocupantes los presuntos conflictos de interés, la corrupción escandalosa y la ineptitud gubernamental sólo porque —posiblemente— hay actores interesados detrás de los medios que ponen estos temas en la palestra? Me parece evidente que no; acusar complots en su contra no es más que una estrategia para evadir los cuestionamientos originales

Más allá de los intereses detrás de quien decide investigar y dar cobertura a la corrupción, el creciente escrutinio internacional sobre lo que ocurre en México es socialmente deseable por, al menos, dos razones: por un lado, es posible que el gobierno sea más sensible a la presión de medios internacionales que a la de los locales y, por otro, una mayor competencia internacional puede elevar los costos de la mala prensa local.

Cabe la posibilidad de que los escándalos mediáticos de un lado y otro no sean más que parte de las estrategias de campaña de un año electoral y que, para variar, no tengan mayor consecuencia en los hechos. Pero también cabe la posibilidad de que la acumulación de evidencia ayude, de una vez por todas, a purgar de nuestro sistema político a los peores personajes y las peores formas de hacer política. Si los medios no son incómodos para uno u otro gobernante, estarán condenados a la irrelevancia como mecanismo de control en una democracia.