¿Entonces no se puede?

Hasta finales de septiembre de este año, Guerrero había sido la entidad más visitada por el presidente Enrique Peña Nieto. Entre el 16 de septiembre y el 8 de octubre  de 2013, tras las tormentas Manuel e Ingrid, el Presidente visitó la entidad ocho veces. La emergencia lo ameritaba. Tras la tragedia de Iguala del 26 de septiembre pasado, Peña Nieto canceló una visita a Guerrero programada para el lunes 29 aduciendo “malas condiciones climatológicas”. Desde entonces no ha vuelto a visitar la entidad.

Durante meses y meses, una estrategia de comunicación del gobierno federal era dejar de hablar de la violencia y la inseguridad. Muchos medios siguieron la pauta y con cierta complacencia adoptaron “la nueva narrativa”. Aunque suene paradójico, es muy probable que tanto los líderes del PRD como el gobierno federal mismo quisieran que se dejara de hablar ya de Iguala y se hablara más sobre la Reforma Energética. Pero no se puede. Hay quien dice que por hablar tanto de Iguala quizás pasamos por alto otros temas igual de importantes. Pero  tampoco se puede.

Más de un mes después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el Presidente se reunió a puerta cerrada con algunos padres de familia de los normalistas. Les prometió que el Estado mexicano hallará y aplicará todo el peso de la ley a los responsables “tope donde tope”. Más de un mes después, el Estado mexicano —y todo su peso— no ha sido capaz de dar con el paradero de 43 estudiantes. Tampoco ha encontrado al prófugo exalcalde de Iguala, un municipio de menos de 120 mil habitantes. Las autoridades desconocen, además, la identidad de más y más cadáveres. Para algunos esto no es una gran sorpresa: “Hoy nosotros, mañana otros, porque así es el sistema del gobierno de nuestro país”, dijo en rueda de prensa uno de los padres de los desaparecidos.

Una de dos, o el gobierno mexicano no puede resolver esta crisis o no quiere. Es difícil saber si quieren o no puesto que las intenciones de los políticos son difíciles de observar. Me parece descabellado suponer que el gobierno federal no quiera resolverla: más bien pareciera que le urge hacerlo para poder retomar su agenda original.

¿Cómo es posible que un gobierno no pueda resolver una crisis de este tipo? Mucho se ha dicho ya sobre la impunidad y la corrupción. Pero hay otra posibilidad, como señaló el ministro José Ramón Cossío: “la incompetencia para conducir los asuntos públicos por parte de muchos de los que tienen la responsabilidad de hacerlo.” (El Universal, 28/X/2014).

Un político con el mejor de los planes de gobierno y la mejor de las intenciones puede fracasar si no es capaz de implementarlo. Pero un gobernante por sí solo no es capaz de llevar a cabo todos sus planes: tiene que delegar responsabilidades en un equipo. Y aquí comienzan los problemas: un político sensato elegirá a sus subordinados, en parte, por sus conocimientos o habilidades especializadas. Pero justo por esa misma razón, nunca podrá saber a ciencia cierta si su delegado se esforzó o no en cumplir a cabalidad con su encargo. Y si no puede saberlo, tampoco podrá castigarlo en caso de incumplimiento.

El problema de delegar no es nada sencillo. A veces los gobernantes eligen a sus subordinados por criterios de lealtad más que de competencia o habilidad. Y así les va. Pero incluso eligiendo al mejor de los delegados, sin un mecanismo de control adecuado, éste puede decidir no cumplir su tarea o de plano comenzar a trabajar para alguien más.

El ejecutivo delega ciertas responsabilidades en su procurador. A su vez, éste delega su tarea en ciertos subprocuradores. Y éstos en otros subordinados más. A nivel local, el gobernador y el alcalde hacen algo similar. Cada vez que alguien delega una tarea, algo se pierde en el camino. Al mismo tiempo, cada vez que alguien delega, gana una excusa más para evadir su responsabilidad original. Detrás de nuestra cotidiana impunidad hay una estructura burocrática disfuncional para los ciudadanos pero muy funcional para los políticos.

                Twitter: @javieraparicio