Corruptos e inmunes

La discusión pública ha corrido en paralelo: cero avance en las leyes que concretarían el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y cero avance en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.

Y un factor común en ambas pistas: los invitados terminaron por estorbar.

Sí, la mirada externa alteró los usos y las costumbres. Tanto en el plano de los acuerdos parlamentarios como en el terreno de las prácticas periciales.

En el caso del Senado, el cabildeo de las leyes anticorrupción tropezó con el hecho inédito de que una de las siete iniciativas no se diseñó en los despachos del gobierno ni en las cúpulas partidistas.

Avalada por más de 660 mil firmas de ciudadanos de a pie, la denominada Ley 3de3 terminó por exhibir la resistencia de nuestra clase política a la rendición de cuentas.

¿La causa? Porque Emilio Gamboa, jefe de los senadores priistas, tenía la tarea de evitar que el PAN se colgara esa medalla con fines electorales, justifican unos.

Es que en materia de corruptos ningún partido está libre de pecados y a la hora de la hora, el PRI supo exhibir las inconsistencias de la oposición, como esa de que la esposa del presidente del PRD, Agustín Basave, se negó a difundir su declaración patrimonial.

En medio del jaloneo parlamentario, también naufragó el propósito original de las organizaciones impulsoras de la 3de3 de sustituir los entretelones de los pactos en lo oscurito por una discusión abierta y transmitida en línea.

A lo largo de la semana, como pasa siempre en el Congreso, los saltos de una coyuntura a otra se dieron sin previa explicación pública y coherente.

Un día supimos que los coordinadores del PRD, Miguel Barbosa, y del PAN, Fernando Herrera, iban en bloque contra la mancuerna PRI-PVEM que buscaba achicar la reforma de los ciudadanos.

Después alguien filtró que unos panistas se habían rajado. Y más tarde nos contaron que los autores de la iniciativa ya se habían arreglado con los senadores Pablo Escudero (PVEM) y Raúl Cervantes (PRI) y avalaban sus ajustes, incluido el que no fuera obligatorio hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.

En representación de las organizaciones civiles, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, exaltó el esfuerzo de todas las fracciones por llegar a un acuerdo y comentó que aún estaban pendientes “los tipos penales relativos a la corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la Fiscalía Especializada en la materia”. Nada más.

Pero más allá de la dulcificada narrativa mediática, el periodo legislativo terminó sin leyes anticorrupción.

Simultáneamente, en la investigación de los normalistas desaparecidos, la mirada externa terminó esta semana por descarrilar “la verdad histórica” de la PGR.

Invitados por el gobierno para colaborar en las indagaciones sobre la tragedia de Iguala, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se despidieron con un video que puso en duda el desempeño de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sin aportar evidencias del paradero de los normalistas, pero insistentes en poner en duda el incendio de Cocula, los visitantes consiguieron que el funcionario de la PGR que encabezó la investigación de Iguala terminara siendo investigado como parte de ésta.

Y más allá de descalificaciones personales y cuestionadas verdades históricas, el GIEI confirmó que la impunidad en México va de la mano de las deficiencias estructurales de nuestro Ministerio Público. Sí, que el problema es cultural.

Lo mismo que demostraron los senadores al terminar de darle la razón al dicho presidencial de que la corrupción es cosa de siempre, un asunto cultural.

Y frente a delitos de esa naturaleza, en los que todos somos un poco responsables, nada como las soluciones del borrón y cuenta nueva.

Por eso, alguna vez en este espacio nos atrevimos a sugerir que una lucha en serio contra el peculado, el tráfico de influencias, el nepotismo, la colusión, el abuso de poder —delitos propuestos en la ley 3de3— sólo podía concebirse con una amnistía.

Coincidentemente, frente al desenlace del GIEI, el tres veces aspirante presidencial, el puntero en las encuestas, el político de oposición Andrés Manuel López Obrador propuso el perdón y el olvidó como una ruta posible para saber qué sucedió.

Sí. El abanderado de Morena, quien ofrece a los integrantes de “la mafia del poder” sumarse a su causa para purificarse, planteó el pasado martes darle inmunidad a los detenidos por el caso Iguala para garantizar así que digan la verdad.

Bajo el argumento de que el gobierno sabe bien lo que pasó, pero encubre a los responsables, AMLO trazó una nueva promesa de campaña: que los involucrados hablen a cambio de protección.

“Cuando yo llegue a la Presidencia en el 2018, les voy a ofrecer esta opción”, anunció.

Hechos y dichos que ventilan nuestros límites frente a la corrupción y la impunidad, en una semana en que las explicaciones sobran.

Como síntoma de la simbiosis entre ambos males, abril termina con ese doble sinsabor:

La transparencia no se nos da. Ni en el desempeño de los políticos. Ni ahí donde se nos dijo que había una verdad histórica.