Elecciones 2016: corruptores y vendidos

En la antesala de la cita con las urnas en 13 entidades, vemos que los problemas económicos y de seguridad del país no inhiben la capacidad gubernamental para llevar mano en los asuntos electorales. Los gobernadores del PRI pierden margen de maniobra frente a una ...

Ivonne Melgar

Ivonne Melgar

Retrovisor

En la antesala de la cita con las urnas en 13 entidades, vemos que los problemas económicos y de seguridad del país no inhiben la capacidad gubernamental para llevar mano en los asuntos electorales.

Los gobernadores del PRI pierden margen de maniobra frente a una administración federal que centraliza los operativos partidistas.

Javier Duarte no pudo designar al abanderado priista en Veracruz y, sin que ningún correligionario lo defienda, atestigua una competencia en la que tanto el priista Héctor Yunes Landa como el panista Miguel Ángel Yunes prometen encarcelarlo.

En similar circunstancia, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, sufrió ayer el pragmatismo de un PRI nacional que no respaldó a su delfín, José Luis Chanito Toledo. Y es que al evaluar que el disidente priista Carlos Joaquín, candidato del PAN-PRD, sólo podría ser sorteado por un candidato ajeno al gobierno estatal, la balanza se inclinó por Mauricio Góngora, alcalde de Playa del Carmen.

Son cálculos de una estrategia que se controla desde Los Pinos y que opera con disciplina la dirigencia del PRI a cargo de Manlio Fabio Beltrones.

En contraste, la oposición pierde el control de sus campañas. Así, ni Ricardo Anaya puede frenar los arreglos que hace el PAN en Puebla con el gobernador Rafael Moreno Valle. Como tampoco Agustín Basave tiene forma de contrarrestar al PRD administrado en Oaxaca por Gabino Cué.

Son pleitos internos que acentúan la pulverización de las ofertas, ampliadas con los llamados candidatos independientes, y la capacidad del PRI para cooptar opositores. Y aquí no caben las visiones maniqueas de malos corruptores contra buenos comprables.

Todos son parte de una clase política que, sin banderas ideológicas ni programáticas, se encuentra en el consenso de la compra y la venta de voluntades.

Habrá quién argumente que de poco sirve tanto control si, según las encuestas, el PRI sigue sin aumentar su intención de voto de 25% en promedio.

Es un estancamiento que igualmente se presenta en el PAN y el PRD, con 20 y 12%, respectivamente. Y que obliga a los tres partidos a la dependencia de pequeñas fuerzas para competir electoralmente.

Pero mientras priistas mantienen una alianza estable con el PVEM, panistas y perredistas se encuentran supeditados a los chapulines vaivenes del Partido del Trabajo (PT) y de Nueva Alianza (NA).

Se dice que petistas y aliancistas se quedan con el mejor postor. Y éste, indiscutiblemente, es el partido en el poder. Así que cuando se van con la oposición es porque el PRI no los necesita. Pero si se ofrece, rompen sus compromisos, como lo hizo este miércoles el PT en Oaxaca al abandonar el frente PRD-PAN.

Movimiento Ciudadano se jacta de avanzar sin convertirse en comparsa de ningún partido. Pero a la hora de las urnas, sus candidatos le quitan votos a la oposición. Así pasó en las elecciones extraordinarias al gobierno de Colima, donde un expanista, Leoncio Morán, sumó 10% de los votos, mismos que abonaron en la derrota de Jorge Luis Preciado del PAN. Similar circunstancia se presenta con Morena de Andrés Manuel López Obrador, reacio a cualquier coalición, en momentos en que el PRD no puede solo.

De manera que el PRI lleva todas las de ganar cuando, como pasó en Colima, consigue que una presidenta municipal panista falte a la cita de la operación dominical el Día D.

Cuentan los blanquiazules que eso sucedió el 17 de enero con Gabriela Benavides Cobos. Y ellos saben que los resortes que se movieron para conseguir ese cambio de bandera van más allá de una anécdota. Esa falta de orden y control por parte de las dirigencias del PAN y del PRD sobre los factores determinantes para un triunfo en las urnas se extiende ahora a las entidades en litigio.

Es cosa de asomarse a Puebla, donde el gobierno estatal pactó con el PT cederle dos diputados federales del PAN para que arme su bancada.

Con pirotécnica verbal, la dirigencia de Anaya revira por conducto del secretario general del partido, Damián Zepeda, que eso amerita la expulsión de sus militantes y que jamás lo permitirían.

Saben en el CEN del PAN, sin embargo, que esos legisladores que Moreno Valle quiere traspasar al PT de Alberto Anaya nunca han sido panistas y que tienen fuero porque son una cuota del gobierno poblano en la Cámara.

El mismo revivido PT dejó colgado al gobernador Cué cuando determinó abandonar el frente PRD-PAN que empuja a José Antonio Estefan Garfias y cobijar a Benjamín Robles, candidato perredista perdedor en la elección interna.

Por ahora, el desfogue de la crítica alcanza su máxima expresión en memes y caricaturas que muestran a un presidente Enrique Peña Nieto extraviado.

Pero a juzgar por el acomodo de las piezas en el arranque hacia las elecciones del próximo 5 de junio, la baja popularidad del Ejecutivo federal no se traduce en el fortalecimiento de la oposición. Se trata de un fenómeno que, de continuarse, erosionará la capacidad del PAN y del PRD para definir sus apuestas hacia 2018.

Eso es lo que consolidó el Pacto por México en su breve existencia: la capacidad gubernamental de una negociación permanente con los fragmentados partidos de oposición.

Porque siempre hay alguien que prefiere ganar con los ajenos que perder frente a los suyos.

Temas: