Transparencia de papel

En el papel, la Ley General de Transparencia que avanza en el Senado es la mejor noticia que sus integrantes pudieron construir para un país donde la opacidad camina de la mano de la corrupción.

Porque obligar a los funcionarios de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a todos los legisladores, integrantes del Poder Judicial, partidos y sindicatos a mostrar cómo se gastan el dinero público es como encender la luz en el túnel del drenaje profundo. 

Y es que según el dictamen que este jueves se aprobó en las comisiones unidas de Anticorrupción, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta, con esta ley se conseguiría, por fin, que los 500 diputados y 128 senadores informen de los ingresos, bonos y compensaciones que reciben.

Con el visto bueno de los representantes de las bancadas del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, PT y Nueva Alianza, el proyecto de ley establece que esos requerimientos deberán ser atendidos, tanto en las dependencias de los tres niveles de gobierno como en aquellas de los tres Poderes de la Unión.

Esto significaría que todos los que ejercen recursos del erario —incluidas universidades públicas, organismos autónomos, fideicomisos y empresas del ramo energético y el Fondo Mexicano del Petróleo— deberán dar cuenta de los sistemas de gratificación de su personal de base y de confianza, de los contratos de servicios por honorarios, viáticos y los ahora discrecionales gastos de representación.

En un país donde la élite del servicio público, los legisladores, ministros, jueces, magistrados e integrantes de las cúpulas sindicales y partidistas han logrado acumular patrimonios cual si fueran prósperos empresarios, el dictamen que el próximo miércoles se someterá al pleno del Senado suena a cirugía de bypass gástrico para una persona con obesidad mórbida.

Y es que, entre otras medidas de esta futura ley que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) calificaron como de vanguardia, los actores obligados tendrán que dar cuenta de cómo compran, gastan y pagan cuando de comunicación social y publicidad oficial se trata.

Esa bolsa de miles de millones de pesos, que actualmente se canaliza a la promoción y al autoelogio, tendrá que desglosarse —según el dictamen— por tipos de medios, proveedores y campañas.

Más allá de lo que el papelito habla, expertos como Mauricio Merino y organizaciones como México Evalúa celebraron esta  legislación secundaria que fortalece al IFAI y que busca cerrarle el paso a los guardaditos que, hasta ahora, fueron posibles gracias a la oscuridad que caracterizó la adjudicación directa y la licitación de contratos, ya que éstas tendrán que ventilarse a detalle, junto con las razones que justifiquen a los ganadores.

¿Pero se vale entusiasmarse con un proyecto de ley en este México donde la Constitución casi perfecta no se cumple ni en el 8% del PIB para la educación? ¿Tiene sentido aplaudir ese esfuerzo legislativo en un país de reformas “de gran calado” que se tropiezan con los arreglos a modo entre autoridades y líderes magisteriales en Oaxaca, Guerrero y Michoacán en el caso de la Ley del Servicio Profesional Docente?

¿No es una ingenuidad aplaudir el propósito del Senado de abrir la información relacionada con casos de violaciones graves de derechos humanos, justo cuando el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados para dar seguimiento al expediente de Tlatlaya revela que, desde hace cuatro meses, está a la espera de la información solicitada a  la PGR, Sedena y autoridades del Estado de México?

¿Acaso no es una irresponsabilidad ciudadana y hasta periodística ilusionarse con la determinación de que será la CNDH —y no el IFAI— la que resolverá si un delito es o no de lesa humanidad, la misma semana en que la Cancillería optó por descalificar el informe de la ONU con las historias de tortura que documentan la persistencia en el país porque se alega que 13 casos no hacen tendencia?

Es cierto que la pluralidad de los senadores involucrados y satisfechos con el dictamen —Alejandro Encinas (ex-PRD), Laura Rojas (PAN), Cristina Díaz (PRI) y Pablo Escudero (Verde Ecologista)—  nos ofrece un grado de certeza, al igual que el hecho de que el gobierno y los priistas cedieran en aspectos hacendarios y de derechos humanos.  

¿Podemos tener la aspiración de confiar que una ley hará verano y se harán públicas las condonaciones fiscales, cuando nuestra clase política, sin el menor rubor, admite que sólo los candidatos destinados a perder se apegan a los topes de gastos de campaña?

Es cuestión de asomarse a sus conversaciones para saber que el pecado original de la corrupción está justo en el incumplimiento de ese principio de no tirar el dinero en la búsqueda del voto, porque ahí se asumen los compromisos inconfesables que habrán de concretarse en el chueco ejercicio del poder.

No es casualidad que este jueves 12, mientras los senadores avalaban el dictamen, los diputados del PRI y del PAN negociaban dejar de balconear sus respectivos trapitos sucios de presunta corrupción y conflicto de interés. Porque todo se queda en mera denuncia mediática. Nada de  investigaciones serias y a fondo.

Es la terca realidad que se impone en un país de mucha ley y escasa transparencia.