Anticorrupción: el huevo de la serpiente

Cualquiera que sea el motivo auténtico de los cambios, el malestar social le ha ganado su primera partida a la clase política y gobernante.

Quizá sea por recuperar la credibilidad perdida que, a decir del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, resulta incluso más importante que la materialización de las reformas.

Lo que cuenta es que tanto el gobierno de Enrique Peña como las principales fuerzas políticas acordaron esta semana crear una plataforma institucional para prevenir, detectar y castigar la corrupción de los servidores públicos en los niveles federal, estatal y municipal.

Acaso se trata de una pantalla electoral que los principales actores de la disputa del poder utilizarán para su lucimiento y prometer el fin de las fortunas a cargo del erario.

Lo evidente es que se han visto obligados a tomar nota de las principales recomendaciones que durante la última década apilaron las organizaciones de la sociedad civil ocupadas en entender las trampas de un sistema de administración infiltrado por el binomio política y negocios.

Puede ocurrir que se trate de una mera estrategia de sobrevivencia frente al creciente rechazo de una sociedad que, encuesta tras encuesta, señala que todos los partidos son iguales. Porque ni aquéllos eran representantes de la honestidad ni éstos un referente de la eficacia.

Lo verificable es que en la primera fase de aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción hemos atestiguado un colectivo y plural mea culpa de los diputados del partido en el poder, del PAN y del PRD, principalmente, sobre el peso que en la vida del país tiene el mal uso de los recursos públicos y su deliberado desvío.

Con excepción de quienes pretenden asumirse como los futuros salvadores de la patria, en su mayoría legisladores afines a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard, el resto de las fuerzas partidistas asumieron que el cáncer de la corrupción creció en sus narices.

Y admitieron más: que las prácticas corruptoras carcomen a las instituciones del Estado de tal manera que su capacidad de infiltración es causa de que el crimen organizado haya sentado sus reales en tantos territorios de la República.

Los discursos de reconocimiento del problema, sin embargo, no tienen correspondencia con la disposición a resolverlo.

Primero fue el propio gobierno federal el que, a través del PRI, se negaba al punto hasta ahora más controvertido de la reforma: la nueva atribución que tendría la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar recursos que los gobiernos estatales y municipales generan.

La reacción no sorprende si vemos que la Cuenta Anual de 2013, entregada a los diputados por la ASF hace 10 días, alerta sobre la resistencia de las autoridades locales a rendir cuentas sobre cómo y en qué gastan las aportaciones federales.

Y como se trata de dinero y de una reforma que, de aplicarse, cerrará muchos de los subterfugios que actualmente les permiten burlarse del deber ser, los gobernadores se quejaron con el presidente Peña, unas horas antes de que el dictamen se aprobara en San Lázaro.

En representación del PRD habló el morelense Graco Ramírez: se dijo preocupado porque la futura ASF invadiría, alegó, las funciones de las auditorías estatales.

Arruinándoles a Gustavo Madero, presidente del PAN, y a sus legisladores el discurso de que la reforma tiene ADN panista, el gobernador de Baja California, Francisco Vega, lamentó la falta de información sobre los cambios que se avecinan en la fiscalización de los recursos y se pronunció por un proceso de aprobación sin prisas.

Como la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el Ejecutivo federal era privada, los priistas también ventilaron sus resquemores por conducto del tlaxcalteca Mariano González, quien también habría invocado la necesidad de preservar el federalismo.

En consonancia con la repulsa que las autoridades locales le tienen al proyecto del sistema anticorrupción, es decir, al vil papelito, el presidente del Senado, el perredista Miguel Barbosa, advirtió que la minuta de los diputados se revisará hasta abril.

De manera que, a diferencia de la Reforma Educativa en la que algunos Congresos estatales tardaron minutos para levantar el dedo del visto bueno, ahora el tortuguismo parlamentario puede hacer de las suyas.

El rechazo resulta explicable porque mientras los cambios derivados del Pacto por México iban contra otros poderes —los del empresariado en la Reforma en Telecomunicaciones y los del sindicalismo magisterial para el caso de la Educativa—, el sistema anticorrupción le pega a la clase gobernante.

Puede tardar semanas, meses e incluso años la puesta en marcha del nuevo esquema de rendición de cuentas. Pero el huevo de la serpiente ya está ahí.

Y mientras más se posponga la colocación de esta camisa de fuerza que la clase política y gubernamental diseñó para amarrarse las manos, mayor será el descrédito.

Por lo pronto, si la detención de La Tuta y la salida de Jesús Murillo de la PGR son movimientos deliberados de Peña para relanzar su gobierno, los márgenes del presidencialismo aún son lo suficientemente amplios como para cacarear el huevo y soltar la serpiente.