El espejo de la corrupción tolerada

Más allá de las laptops defectuosas como síntoma de una Reforma Educativa que no termina de prender, el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente a 2013 es una bitácora de los orificios por donde se pierde el erario.

Porque los escándalos que muestra el reporte entregado por Juan Manuel Portal Martínez a la Cámara de Diputados el miércoles anterior, están aderezados por una demoledora descripción del estado que guarda nuestra administración federal.

De manera que no basta con presentar papeles que comprueben los 50 mil 721 millones de pesos que conllevan las mil 426 auditorías con observaciones de la ASF.

Por supuesto que importa remediar, así sea burocráticamente, la ineficacia cometida en el presunto combate a la pobreza. Aunque la realidad es que el daño ya está hecho en la entrega de apoyos a jornaleros agrícolas y a adultos mayores de zonas marginadas.

Pero el problema de fondo que la ASF plantea es que lo que llamamos la cosa pública padece de varios males: desde “adquisiciones, contrataciones e inversiones que cumplen con la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado”, hasta “proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento”, pasando por la inexistencia de padrones de beneficiarios confiables.

Y es que los riesgos que el auditor Portal Martínez enlistó deberían ser atendidos ahora mismo por los artífices del futuro Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de verificar si éste podrá revertirlos. Es decir: o la ASF dejará de ser un quisquilloso elefante blanco o en San Lázaro sólo le están jugando al cuento.

Nos referimos a las conclusiones que incluyen la alerta de que los gobiernos locales se resisten a la transparencia y a la identificación de desvíos de los recursos federales; y la falta de voluntad en toda la administración para aceptar la presencia ciudadana en el monitoreo del cumplimiento de los programas.

Otro riesgo que la ASF documenta y que los diputados deberían tomar en cuenta —aun cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, niega siempre su existencia— es el daño que el subejercicio presupuestal genera, al grado que lo califica como “causante de la falta de eficiencia del gasto federalizado”.

Antes de votar la Reforma Anticorrupción —el próximo jueves 26, según el calendario acordado— los diputados tendrían que preguntarse si este nuevo esquema de fiscalización, rendición de cuentas y sanciones contiene un antídoto para el criminal subejercicio en una Cruzada Nacional contra el Hambre que —según evidencias de la Cuenta Pública del primer año del sexenio peñista—no canalizó dos terceras partes del dinero previsto para aliviar las carencias alimentarias de los mexicanos en pobreza extrema.

Resulta imprescindible cotejar los alcances preventivos del futuro Sistema Nacional Anticorrupción con las dudas del auditor sobre la devolución de impuestos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a empresas. Y con situaciones alarmantes como la falta de comprobación de 579 millones de pesos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), institución a la que apenas en diciembre decenas de creadores le reclamaban la falta de pago de sus sueldos.

Quizá en la necesaria revisión en torno a la pertinencia legislativa de la reforma esperada sería interesante escuchar el punto de vista de los senadores, exhibidos por el reporte de la ASF como los grandes beneficiarios de la cultura de la no comprobación de gastos, mismos que, en su caso, ascendieron en 2013 a mil 200 millones de pesos.

Acaso en la tarea de diseñar respuestas contra la corrupción algo podrán hacer las siete universidades que incumplieron con los contratos que el gobierno federal les adjudicó ese año por un monto de cinco mil 520 millones de pesos. Algún académico, ojalá, por pudor se asomara a esta maraña de la administración pública para resarcir el daño que la ASF atribuye a las universidades autónomas de los estados de México, Morelos y Tabasco, y a la de Juárez, entre otras.

Mucho tendrán que sugerir las cúpulas empresariales sobre las barbaridades descritas por la ASF. Pero, por favor, que antes tomen nota de lo que bien podría entenderse como el reconocimiento del fraude que para México ha representado la transferencia de servicios públicos a particulares en la operación de infraestructura carretera, hospitales, sistemas de agua potable y drenaje.

El auditor es enfático al subrayar que el argumento de que la subrogación traería beneficios, se estrella con una realidad que deja mucho qué desear en costo, calidad y eficiencia.

Y ojo: las recomendaciones de Portal Martínez deberían preocupar y ocupar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Pemex (tanto en Refinación como en Exploración y Producción), a la Comisión Nacional del Agua, al ISSSTE y al IMSS.

Pero quizá es pedir demasiado que los secretarios, los gobernadores, los dirigentes partidistas, los profesionales de la política se asomen a este espejo de la Cuenta Pública y nos digan qué van a hacer con tanto desfiguro, producto de un sistema que permite y solapa ineficiencias, desvíos, incumplimientos, corruptelas rutinarias.

¿O es mucho pedir que se tomen una pausa antes de disparar el próximo expediente de los chivos expiatorios en turno, de los corruptos que cayeron en desgracia?