Diputados: ¡ya móchense!

A la plenitud de mi amado padre Luis Melgar Brizuela, militante del verso, el entendimiento y el ser.

Ahora que voces del PAN y del PRD coinciden con el señalamiento presidencial de que el combate a la corrupción es un asunto de índole cultural, resulta urgente desmontar los usos y las costumbres que esta práctica adquiere en y desde el uso del poder.

Por supuesto que importa erradicar la tradición de la mordida morrallera que carcome a las policías de todos los niveles. Pero la urgencia de fondo es una limpia de las corporaciones ahora infiltradas por los intereses del crimen organizado, mientras los gobernadores de todos los signos partidistas figuran indolentes y omisos.

Claro que es imprescindible que todos abonemos en la valoración del mérito. Pero para cerrarle la llave al camino fácil a los mirreyes de la política hay que ponerle candados al despilfarro del dinero público y sus tolerados monumentos, en un país de auditores miopes y contralores de ornato.

Ayer fue la Estela de Luz, ahora es la Línea 12 del Metro. En 2012 fue el exgobernador priista Andrés Granier con el saqueo a Tabaso. Hoy son la presa y el acueducto del panista Guillermo Padrés en Sonora, donde las instancias teóricamente encargadas de la sustentabilidad de los ríos le han dado vía libre a empresas que prefieren pagar multas de risa que cumplir con la ley.

Y qué decir de las cuentas bancarias de 400 millones de pesos de titulares de juzgados, en un poder donde todo es posible, menos renunciar a los haberes de retiro.

La cosa pública apesta y sus protagonistas lo admiten: hay que reformar las instituciones para un combate a la corrupción que actualmente no es tal.

Sobrediagnosticado por la academia y las organizaciones civiles, el robo de los recursos del erario es nuestro pan de mesa: sea en la ordeña de la gasolina en los ductos de Pemex, en la abultada nómina magisterial o en las siempre evitables licitaciones y sus inmediatos y reglamentarios sobreprecios. 

Lo nuevo —aunque nunca inédito porque las intenciones vienen reciclándose de tiempo atrás— es el anuncio de los poderes Ejecutivo y Legislativo de que llegó el turno de ponerle ciertos límites al cinismo. 

El tema es el gran pendiente de la actual legislatura, en cuyo arranque —en  noviembre de 2012—  recibió la iniciativa del Presidente electo para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.

Concluido el ciclo de las reformas para regular los monopolios públicos y privados, la corrupción se pavonea como la principal trinchera contra la prosperidad compartida. Y obliga a los poderes a intentar un arreglo, en el que igual empeñan su palabra el Presidente de la República que los líderes parlamentarios: los perredistas Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, al frente de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, así como el legislador más influyente del país, el jefe de los priistas en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones. El compromiso es sacar adelante antes de Navidad la reforma en la materia y dar paso a una Fiscalía Anticorrupción a la que PAN y PRD agregarán sus respectivas aportaciones de diseño institucional.

Pero más allá de los decretos que habrán de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, los diputados están frente a la oportunidad de darle transparencia a la asignación de subvenciones de las que jamás rinden cuentas, como lo confirma cada año la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Concretar la promesa del diputado Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara (Jucopo), de terminar con la opacidad de esos fondos, sería un primer paso en la recuperación de un pudor que se perdió sin rubores cuando inventaron el reparto de al menos diez millones de pesos para cada uno de los 500 diputados, a fin de que los asignaran a su conveniencia en sus distritos electorales para obras de pavimentación, deportivas y culturales. 

Hay quienes no encontraron mejor destino que las asociaciones de sus esposas o de sus colaboradores en el activismo electoral. De ahí que los controvertidos moches

—cobro para la gestoría de asignaciones para infraestrutura local— adquieron carta de naturalización con ese esquema. 

Por lo pronto, en los pasillos de San Lázaro ya se habla de una obligada rectificación para recuperar el decoro cuando se aprube la Ley de Egresos de 2015, en contraste con los ajustes al alza que le hicieron al precio del petróleo en los dos años anteriores, a fin de dividirse los aumentos.

Sería apenas un gesto de buena voluntad en un momento en el que el fuero legislativo es sinónimo de buenos negocios: llámense consultorías, constructoras, gasolineras, inmobiliarias, tequileras, ranchos, notarías o casinos.

Y el que esté libre de ganancias, que haga una iniciativa contra el bisne parlamentario. Pero mientras tanto, que todos se mochen con la primera piedra de la decencia perdida.