Mucho Pacto y pocas nueces

A casi un año de la firma del Pacto por México, la hipocresía de los políticos que pegan el grito en el cielo cuando se habla de tratos “en corto” raya en la caricatura.

Los ciudadanos saben —así lo hemos registrado los medios— que los acuerdos son la moneda de cambio del gobierno de Enrique Peña y las dirigencias del PRI, PAN y PRD.

Pero no son los únicos. También están las alianzas de ocasión que esas fuerzas realizan con los partidos pequeños, cuya votación equivale a la quinta parte del electorado.

Basta observar cómo los representantes del Verde Ecologista, del PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se acercan a los coordinadores del PRI en las cámaras —el diputado Manlio Fabio Beltrones y el senador Emilio Gamboa— para confirmar que ninguna organización política escapa al cabildeo.

Por eso la reacción del PRD a través del jefe de la fracción en el Senado, Miguel Barbosa, no pasa de ser un desplante mediático. Como lo fue el abandono del recinto por parte de los panistas cuando se aprobó la miscelánea fiscal.

Porque parafraseando el spot gubernamental diríamos que —desde la óptica perredista—, si se trata de una reforma hacendaria con tintes de izquierda, entonces sí se puede.

Pero si la conversación en penumbra es para afinar las modalidades de inversión privada en Pemex —como trascendió que ocurría entre gobierno y el PAN—, entonces no se puede.

El problema no es el Pacto ni las mancuernas que sus firmantes asuman a conveniencia. En octubre fue la de Peña Nieto y el PRD en el plano fiscal. Y en noviembre podría concretarse otra con el PAN para los negocios en el sector energético.

No olvidemos que a mediados del año operó la dupla de los dirigentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, para acelerar la reforma político-electoral ahora en puerta.

Asistimos, pues, a una dinámica de negociación permanente —a veces en lo oscurito o bajo los reflectores del debate parlamentario—, motivada por un gobierno pragmático que necesita de los acuerdos con la oposición para concretar y legitimar sus acciones.

Se trata de un gobierno que cede en dinero, en estrategias, en definiciones, en leyes, sin renunciar a su vocación de poder ni a la oportunidad de maximizar su control. Consecuentemente, priva el intercambio de favores en abono a las cúpulas partidistas.

Es comprensible que por respaldar la reforma fiscal, los perredistas ganaran un Fondo de Capitalidad para el jefe de gobierno del DF, Miguel Mancera, y otro de reconstrucción para Guerrero, gestionado por el senador Armando Ríos Piter.

Son las lógicas metálicas de la política mexicana, en las que todos incurren.

Ahora mismo se opera en San Lázaro el reparto del dinero público, el cual seguramente incluirá —como pasó el año pasado— la autoasignación de fondos para cada uno de los 500 diputados, a fin de que puedan quedar bien con sus distritos y municipios, al canalizar recursos para banquetas y espacios recreativos.

El problema no son estos arreglos en sí, sino que su dinámica aleje a los gobernantes y a los partidos, a sus legisladores y a sus dirigentes del pedazo de país que dicen, pretenden y esperan representar.

Ese es el tropezón del que, me temo, no se está salvando nadie. Ni siquiera el PRI, cuyos diputados y senadores se asumen voceros del gobierno y siguen sus dictados sin el mínimo pestañeo. Por eso, desde ese rol, desestimaron la inconformidad ciudadana que ahora padecen por la homologación del IVA en la frontera.

Ocupado en compartir el poder y sus productos derivados, el PRD incurrió en el mismo error, con el agravante de que la coautoría de la política fiscal estrechará sus espacios de acción en el norte de la República, donde su presencia es pírrica.

Al margen de los acuerdos hacendarios, el PAN ha experimentado en los últimos días la representación de las clases medias que se consideran afectadas por los ajustes tributarios.

Tendrán ahora que ponderar los panistas si les conviene tomar el papel de avales de una reforma energética que podría reactivar el alicaído frente de las izquierdas, sumando al PRD con Andrés Manuel López Obrador.

La duda es pertinente después de la por ahora frustrada puesta en marcha de la reforma educativa, la cual dejó de ser sinónimo de buenas noticias para convertirse en referente de chantaje político y resistencia al cambio.

Y es que, al igual que los partidos, el gobierno ha dado prioridad a los acuerdos. Y en el reto magisterial, a las reivindicaciones de la CNTE, sin conseguir todavía que los consensos entre las élites tengan una traducción social que los legitime.

El problema no es el acuerdo en lo oscurito, vigente aquí y en China. De eso se trata la política en la vida democrática: de construir rutas y propósitos compartidos.

Otra cosa son las dictaduras, las utopías socialistas, los imperios, las colonias.

Pero en una sociedad política e ideológicamente plural, donde la derecha, la izquierda y el llamado centro cuentan con las mismas oportunidades de gobernar mediante la disputa del voto, las negociaciones entre las diversas fuerzas resultan necesarias e inevitables.

Lo importante es que esos “enjuagues” —públicos o tras bambalinas— pasen la prueba del Congreso, primero, y el visto bueno de sus representados después, en tanto los beneficie.

Y eso es lo que el Pacto por México aún nos sigue debiendo.