¿Un charrazo en minero-metalúrgicos?

Hoy jueves, a las siete de la mañana, debe haberse iniciado el recuento entre los mil 852 trabajadores de la mina Hércules, de Coahuila, para que decidan si siguen perteneciendo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana o, si esa es su voluntad, al llamado Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, criatura producida por el connubio de autoridades corruptas y patrones deshonestos.

Humberto Musacchio

Humberto Musacchio

La República de las letras

Un recuento para que la mayoría de los trabajadores decidan, por voto libre y secreto, a qué sindicato quieren pertenecer, no debería implicar problema alguno, sobre todo si la autoridad laboral está presente y garantiza a los obreros la confidencialidad, autenticidad y el ejercicio de su libre voluntad, sin influencias extrañas que pongan en peligro el ejercicio del voto. Lamentablemente, algunos antecedentes proyectan una sombra ominosa en casos como este.

Para empezar, el principal dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, ha estado sujeto a una implacable persecución que lo mantiene viviendo en el exilio, pese a las protestas de las centrales sindicales de varios países y del organismo federado internacional de los mineros. No se trata de un exilio voluntario, sino de una ausencia forzada por la hostilidad desatada por autoridades que pretenden encarcelar a este líder para imponer otro al gusto de la patronal.

Otra muestra de animadversión oficial contra el SNTMMSSRM es que algunos funcionarios, en contubernio con sectores empresariales de la minería, prohijaron un sindicato blanco que pretende desbancar al dirigido por Gómez Urrutia, que quizá no sea la organización ideal, pero que cuenta con una valiosa tradición de lucha en defensa del interés obrero. Por contraste, el llamado Sindicato Nacional Democrático, que no es nacional ni mucho menos democrático, es una pandilla de delincuentes al servicio de sus empleadores, como lo demuestra su actuación.

En Coahuila, el 25 de agosto de 2012, en la entrada de la mina VII, unidad Mimosa de Minera del Norte, pistoleros del sindicato blanco, que inicialmente se llamaba Alianza Minera Nacional, atacaron a los trabajadores agremiados en la Sección 303 del sindicato e hirieron a una docena. En noviembre del mismo año, los mismos gorilas de la Alianza propinaron una golpiza a los auténticos mineros del mineral Hércules, en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

En abril de 2014, los aliancistas, mediante desplegados periodísticos, se declararon públicamente como “autodefensas”, sin que las autoridades civiles, laborales ni militares impidieran las actividades violentas de ese grupo, que se apersonó en enero de 2015 en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Monclova, donde se llevaba a cabo la primera audiencia por la titularidad de los contratos colectivos de la empresas Teksid, Gunderson y Pytco. En esa ocasión, 300 golpeadores rodearon la sede de la Junta con ánimo de violentar los procedimientos, lo que impidieron los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Otra de las fechorías de los aliancistas, ahora guaruras del Sindicato dizque Nacional y hasta Democrático, ocurrió el 7 de marzo de 2015, cuando le dieron una golpiza al trabajador Jesús Campos, de la empresa Gunderson, por preferir al SNTMMSSRM.

Con tales antecedentes, los trabajadores demandan a las autoridades que tomen medidas para evitar la violencia dentro y fuera del lugar del recuento, que se evite la intervención de la empresa y su personal en el mismo recuento, lo que ya ha sucedido en casos similares; y que las autoridades de todo orden actúen con plena imparcialidad.

No es mucho pedir, pero conocidos los antecedentes, se teme que nuevamente el sindicato patronal lance a sus pistoleros contra los trabajadores o que, mediante la violencia, pretendan alterar el resultado del recuento. Si eso llegara a ocurrir por miedo, por algún interés inconfesable o por mera consigna llegada de más arriba, la propia autoridad estará cerrando los caminos legales para dirimir conflictos propios de la esfera laboral, lo que empujaría a los trabajadores a adoptar otra clase de medidas. En un país de miseria generalizada (tres de cada cinco familias viven con menos de siete mil pesos mensuales), es muy peligroso jugar con fuego.

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