Ayotzinapa, sin justicia un año después

Están por cumplirse doce meses de los hechos y las autoridades han sido incapaces de formular una versión que resulte verosímil. Igualmente, en ese lapso, lejos de avanzar en la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido, desconocemos el móvil de los uniformados criminales y de los civiles que los apoyaron.

Lo realizado por la policía de Iguala y de Cocula está sin discusión en el campo de lo criminal, pero el alcalde de este último municipio está en libertad, lo que resulta por lo menos extraño. Se sabe que la policía estatal tuvo participación en lo ocurrido, pero no se ha informado claramente qué papel jugó y por órdenes de quién.

Corre la versión, con testigos calificados, de que el quinto autobús en que viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fue detenido por policías federales, presuntamente porque transportaba droga y los estudiantes lo tomaron sin saberlo. Los policías los bajaron y nadie sabe dónde paró ese camión.

Por su parte, hay múltiples testimonios de que el destacamento militar  de Iguala en todo momento estuvo al tanto de los hechos, que negó auxilio a los estudiantes perseguidos por los policías matones y que incluso los recriminó, como justificando la agresión. Sin embargo, no se ha permitido  una inspección del cuartel ni el interrogatorio de los militares.

La hipótesis de la incineración fue desmentida con precisión científica por investigadores universitarios, quienes señalaron la cantidad de combustible que se hubiera requerido, la magnitud del fuego necesario que nadie vio y el hecho de que esa misma noche llovió, lo que hubiera impedido la cremación total, como lo sostiene la “verdad histórica” presentada por Jesús Murillo Karam, embarcado en una supuesta investigación que hace agua por todos lados.

En el año transcurrido, múltiples pruebas se “extraviaron”, otras han aparecido sin que se explique quién las ocultó y muchas más se han desvanecido por efecto del tiempo. De manera intencional, no puede ser de otro modo, se han desechado testimonios clave, se han destruido pruebas y se pretende reducirlo todo a la versión oficial, en la que no creen ni los periodistas más vendidos.

 “Fue el Estado”, se repite con toda convicción. Y es que, en efecto, el responsable de lo ocurrido, por omisión o por comisión, fue el Estado, éste que tenemos, tan incapaz de proveer a las familias lo necesario, tan dado a olvidar la educación popular, tan enemigo de sus gobernados.

Con fingida sorpresa se informó que los padres de los desaparecidos y un grupo de estudiantes se lanzaron contra  la Fiscalía o Procuraduría de Guerrero, hartos de evasivas y de versiones que sólo pretenden ganar tiempo para que todo se vaya al olvido. Se condena a los muchachos y los padres de los 43 como si no tuvieran motivos para la indignación.

Pero las autoridades de todo nivel no entienden que hay una crispación social que en cualquier momento estalla. Rogelio Ortega Martínez, el papanatas que “gobierna” Guerrero, cometió la imprudencia de mandar a la policía contra los estudiantes y los padres de los 43, quienes viajaban en un convoy de 11 autobuses y varios autos particulares. Los genízaros intentaron revisar los camiones, como si a bordo viajaran delincuentes, y se armó la gresca.

De acuerdo con la versión de Miguel Godínez, quien cobra como fiscal de Guerrero, las autoridades temen  que los muchachos “estén manejando algún tipo de explosivo de fabricación casera”. Por supuesto, don Miguel es un Godínez cualquiera, incapaz de investigar para confirmar sus descocadas hipótesis. Pero sobre tales supuestos actúan él y otras autoridades. Sin embargo, en algo tienen razón: los muchachos y los padres de los 43 están manejando un explosivo, no de fabricación casera, sino gubernamental, ése que ha convertido a Guerrero —ni más ni menos que a Guerrero, con su tradición rebelde— en un polvorín, con la población harta de los abusos policiales, de la inseguridad, de las raterías de sus políticos y de la ineptitud que recorre al Estado mexicano de la cabeza a los pies. Ahí está el peligro.