Iguala y la tradición de justicia a medias
Resulta difícil imaginar que lo ocurrido en Iguala concluirá, como todos quisiéramos, con castigo ejemplar a los responsables directos, algunas destituciones y la certeza de que el caso no se repetirá. Sí, resulta difícil creer que algo así puede ocurrir en México ...
Resulta difícil imaginar que lo ocurrido en Iguala concluirá, como todos quisiéramos, con castigo ejemplar a los responsables directos, algunas destituciones y la certeza de que el caso no se repetirá. Sí, resulta difícil creer que algo así puede ocurrir en México donde lo usual es que se eche tierra sobre los hechos o que se ejerza la justicia a medias.
Un buen ejemplo de impunidad es la exoneración de Ernesto Zedillo en torno a la masacre de Acteal, ocurrida en 1997. En ese tiempo Zedillo era Presidente de la República, al menos formalmente, y con su actitud persecutoria contra los zapatistas estimuló la actuación criminal de grupos parapoliciacos y bandas terroristas afines al Estado. El resultado fue la muerte de 45 personas y el encubrimiento de los responsables intelectuales.
Como es costumbre, Ernesto Zedillo no fue sometido a juicio en México, pues aquí se protege hasta la complicidad a quienes ocuparon altos cargos. El Chacal de Tlatelolco, Gustavo Díaz Ordaz, murió en su cama y Luis Echeverría, otro asesino lombrosiano, se halla bajo arresto domiciliario, perdido ya en la tiniebla de la desmemoria, protegido de esa manera contra los fantasmas de sus víctimas.
Fue en Estados Unidos donde se sentó a Zedillo en el banquillo de los acusados, pero como era previsible, la Corte Suprema de aquel país acaba de desechar el caso en última instancia. No podía ser de otra manera. Como presidente, Zedillo se asumió como un capataz de su pueblo y un obsecuente criado de Washington. De ahí la protección de nuestros buenos vecinos que, junto a la impunidad que el sistema le ofrece en México, le permite vivir tranquilo, disfrutando de los sueldos que le pagan las varias empresas transnacionales a las que entregó riquezas nacionales y que ahora lo premian con jugosas canonjías.
En el caso de Iguala seguramente irán a la cárcel los policías involucrados en la matanza de jóvenes y tal vez algunos de los sicarios de la banda criminal conocida como Guerreros Unidos, que tiene como uno de sus capos a un tal Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian, lo que le permite estar cerca de numerosos alcaldes y hasta del gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez.
Tal vez sea detenido y encarcelado José Luis Abarca Velázquez, el delincuente que se convirtió en alcalde de Iguala por el interés —¿y la complicidad?— de la corriente de Los Chuchos, la predominante en el PRD, partido que, por voz de su dirigente nacional, Carlos Navarrete, pidió perdón a los guerrerenses.
Sin embargo, algunas cosas no se resuelven con el consabido “usted perdone”. Varios dirigentes del PRD denunciaron en su momento los nexos del entonces priista Abarca Velázquez con el crimen organizado, sin que los impulsores de su candidatura desistieran en su empeño de hacerlo alcalde de Iguala. Obraron, pues, a sabiendas de que era un delincuente, porque levantar la materia excrementicia del PRI es una de las tradiciones más arraigadas en el PRD, que cuenta con un registro electoral conquistado por los comunistas y usufructuado por los Abarcas y sus padrinos.
El gobierno federal también sabía la clase de alimaña que gobernaba Iguala. René Bejarano declaró que le presentó al secretario de Gobernación todos los datos del caso, sin que el Ejecutivo federal se resolviera a actuar. De modo que en el caso hay muchos responsables, pero las únicas víctimas serán los jóvenes asesinados, quienes tenían por delante una vida para educar y servir a Guerrero y a México. Ya no podrán hacerlo.
*Periodista y autor de Milenios de México