Ciencia, tecnología y políticas públicas

El señor Enrique Cabrero acaba de anunciar que se reformará, pero no mucho, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pues se ha llegado a privilegiar la cantidad en detrimento de la calidad, “el Sistema Nacional de Investigadores ha venido sobreindividualizando el trabajo cuando se debe reconocer que la labor colectiva es muy valiosa” y, en detrimento de la tecnología, “la mayor parte de los productos que se evalúan en el SNI siguen siendo publicaciones”.

Dicho de otra manera, el Conacyt ha relegado los necesarios estímulos a la innovación tecnológica en favor de un apoyo burocrático, rutinario y semiestéril a la producción intelectual de gabinete, porque el Sistema Nacional de Investigadores nació en los años ochenta para compensar con becas la drástica caída salarial que se asestó al personal de las universidades.

El resultado de esta política ha sido que la mayoría de los favorecidos por el sistema de becas del SNI se limite a la presentación de publicaciones, artículos que pocas veces aparecen en revistas arbitradas internacionalmente (Conacyt nunca ha dado información sobre este punto). Para colmo, se ha hecho costumbre el autorrefriteo de artículos y no han faltado casos de piratería.

Otro resultado del Sistema Nacional de Investigadores es que ha desalentado la producción de libros, de estudios ambiciosos y de largo aliento, porque a los investigadores les ganan las urgencias de presentar el reporte periódico que les permite mantener la beca.

Los grandes aportes del trabajo intelectual —salvo excepciones por conocer— se han dado fuera de las universidades, pues han sido intelectuales independientes, esos que, por no pertenecer a una institución académica, no pueden aspirar a una beca del SNI, los que han producido las obras más influyentes.

Según dice Cabrero, a los tecnólogos “no les ha interesado ser miembros” del Sistema, aunque se estima que, de hacerlo, triplicarían el número de sus beneficiados. El director del Conacyt lo atribuye a que los tecnólogos no escriben, pero la razón habría que buscarla en el rígido academismo del Sistema y no en la presunta indiferencia de quienes se dedican a la innovación tecnológica, pues a todo mundo le interesa recibir un estipendio extra por la actividad que desarrolla.

Algo que también explica la exclusión es que los procedimientos de ingreso y promoción del SNI presuponen la pertenencia a una institución académica, y si bien se ha apoyado limitadamente a las empresas que realizan investigación y hacen aportes tecnológicos, no ha ocurrido lo mismo con los investigadores y tecnólogos que están fuera de las universidades.

Cabrero, con toda razón, lamenta que sólo 5% de las empresas radicadas en México —llamarlas “mexicanas” es un exceso— destinan recursos al desarrollo tecnológico y la innovación. Otro dato a considerar es que 60% del gasto en ciencia y tecnología proviene del gobierno federal y los gobiernos estatales sólo aportan 1.5% del gasto total.

Si lo anterior significa que el aporte empresarial es cercano a 40%, eso no justifica que el señor Luis Gabriel Torreblanca  diga que “la sociedad debe invertir recursos públicos en el sector privado”, pues éste tiene como motor la ganancia, no necesariamente el servicio a la colectividad o a la nación. Pero si esa es la filosofía que orienta las políticas en ciencia y tecnología, muy bien podemos explicarnos que el Conacyt no halle todavía su razón de ser y el SNI, paliador de los bajos sueldos, más que impulsor de la ciencia lo sea de la beneficencia.

                *Periodista y autor de Milenios de México

                hum_mus@hotmail.com