Autodefensas e ineficacia del Estado

Por ahora, en Michoacán hay abundancia de soldados y policías, pero no se quedarán ahí permanentemente.

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Humberto Musacchio 23/01/2014 02:04
Autodefensas e ineficacia del Estado

Es conmovedora la inocencia —o desfachatez, según se vea— del panista Alfonso Martínez Alcázar, presidente del Congreso de Michoacán, quien declaró su pesar (Excélsior, 21/I/2014) porque el gobierno federal “no ha tomado en cuenta” al Poder Legislativo de la entidad. Desde el fondo del oscuro pozo en que se encuentra la clase política michoacana, Martínez Alcázar levantó la voz para advertir que no se permitirá la violación de la soberanía estatal. ¿No?

Los tanques del Ejército y los pesados camiones de la Policía Federal hace varios días que pasaron por encima del “estado libre y soberano de Michoacán”. Si desde el centro no se ha optado por la desaparición formal de Poderes es, ante todo, por conveniencia política del PRI, que no ganaría ni de relajo una nueva elección en estas condiciones y porque bajo el real o virtual estado de sitio los resultados de esos comicios serían inaceptables hasta para los consejeros del IFE.

Es evidente que en Michoacán los Poderes locales desaparecieron hace muchos meses, con una clase política enredada en sus ínfimas querellas y afanada en arrancarle unos centavos más al presupuesto para beneficio de quienes tienen algún cargo público. No hay gobierno, no hay autoridades locales dignas de ese nombre. Quienes representan a las instituciones están de adorno. Son funcionarios que no funcionan.

Sin embargo, con frecuencia en política importa más el parecer que el ser. Y en Michoacán se ha procedido con una cabal ausencia de pulcritud. El nombramiento de un “comisionado”, Alfredo Castillo, cuyas facultades se sobreponen a las que tienen los Poderes formales, y la prepotencia misma del señor comisionado, confirman que en Michoacán “hubo una remoción de facto de los Poderes estatales”, pero sin la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como denunció el líder de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado.

Lo peor del asunto es que nuevamente la Federación actúa en Michoacán sin más plan que el empleo de la fuerza, sin un proyecto legislativo para incorporar, formalizar y subordinar a los grupos de civiles armados que en ausencia de las fuerzas del Estado han decidido actuar en defensa de sus vidas y de sus familias, porque los desatinos gubernamentales no les han dejado otro camino.

Hay una actitud ambigua del poder central ante los grupos de autodefensas. Se les aprovecha, pero al mismo tiempo se pretende desprestigiarlos haciendo creer que son el germen del paramilitarismo. Se olvida que los grupos paramilitares son creación de los gobiernos que de esa manera combaten a delincuentes y rivales políticos sin reparar en formalidades legales y con la pretensión de no pagar los costos.

En Michoacán las cosas son diferentes. Sin omitir que puede haber mano negra de la delincuencia o del propio gobierno —en las grandes movilizaciones sociales las fuerzas nunca están claramente delimitadas—, lo innegable es que la gente ha decidido hacer lo que el Estado no hace: garantizar la integridad física de las personas y el respeto a su patrimonio.

Por ahora, en Michoacán hay abundancia de soldados y policías, pero no se quedarán ahí permanentemente, pues la actividad criminal reclama su presencia en otros lugares del país. No se observa que exista estrategia contra la violencia: la política económica de este sexenio milita contra todo proyecto social, contra la creación de empleos, contra la convicción de que es mejor acatar las leyes y respetar al prójimo. Se pretende pacificar a balazos y, como bien se sabe, más temprano que tarde esa medicina acaba por matar al paciente.

                *Periodista y autor de Milenios de México

                hum_mus@hotmail.com

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