La salida de Gertz es una lección fundamental sobre Sheinbaum

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) es una lección fundamental sobre Claudia Sheinbaum: la presidenta comunica con hechos más que con palabras. Ella no puede decir “lo quité”; la ficción de la autonomía exige cartas de “retiro” y una embajada en un país amigo. Pero los hechos son tercos: el 27 de noviembre de 2025, el fiscal renuncia tres años antes de concluir su mandato, tras una negociación que la propia Sheinbaum admite al afirmar que le ofreció una salida decorosa, y el Senado la convalida votándola de manera inmediata.

Para entender por qué este movimiento importa tanto, conviene mirar el legado de Gertz. Llegó en 2019 como primer titular de la nueva Fiscalía y se marcha en 2025 con un expediente propio: el uso de la FGR en el pleito por la muerte de su hermano; las grabaciones en las que presiona al padre de Emilio Lozoya durante la negociación de un criterio de oportunidad; la guerra con Julio Scherer, que lo acusa de fabricar carpetas de investigación por venganza personal y de usar la FGR para presionar empresarios.

Todo mientras se acumulaban casos emblemáticos sin sentencia firme contra políticos o empresarios de alto nivel: Odebrecht y Agronitrogenados en torno a Lozoya, la Estafa Maestra, Segalmex, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el llamado huachicol fiscal. El fracaso es indefendible: ni una sola condena contra las cúpulas políticas o empresariales en esos expedientes; decenas de miles de carpetas y averiguaciones perdidas por inacción, dejadas prescribir sin un solo acto de investigación. A eso se suman años de filtraciones de expedientes sensibles que convirtieron la justicia penal en prolongación del juego político.

Ahí chocó con el proyecto de Sheinbaum. Su política de seguridad no se vende con un “abrazos, no balazos”, sino con cuatro palabras: causas, inteligencia, coordinación, datos. Programas sociales para los jóvenes vulnerables; Guardia Nacional y Fuerzas Armadas como columna vertebral operativa; un policía profesional, Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y una promesa cuantificable: reducir homicidios y violencia, que su gobierno presenta como una caída de entre 25 y 33% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso desde su llegada.

La lógica es clara: Sheinbaum quiere que la seguridad y el combate al crimen organizado se midan en gráficas y sentencias, no en eslóganes. Y esa cadena sólo funciona si la Fiscalía convierte inteligencia en carpetas bien armadas y carpetas en condenas. Hoy no ocurre: organizaciones como Human Rights Watch describen un sistema con impunidad crónica y criterios de oportunidad manejados con opacidad. Mientras la FGR sea un agujero negro que traga operativos y devuelve expedientes mal integrados o filtrados, cada captura costosa —en dinero y en vidas de policías— se evapora antes de llegar al juez.

Por eso la salida de Gertz, si fue empujada por la Presidenta, es un mensaje más poderoso que cualquier discurso de seguridad. No es sólo apartar a un funcionario desgastado; es clausurar la coartada perfecta. Mientras él siguiera ahí, el gobierno podía decir “la Fiscalía es autónoma” para explicar fracasos en la lucha contra la violencia, la corrupción o el crimen organizado. Al aceptar su renuncia anticipada, Sheinbaum asume políticamente la cadena completa: inteligencia, detención, integración de la carpeta, juicio, sentencia. A partir de ahora, si Ayotzinapa sigue sin verdad judicial, si los casos Lozoya, Odebrecht, Estafa Maestra o Segalmex continúan empantanados, si los grandes expedientes del huachicol se litigan en columnas y no en tribunales, ya no habrá un fiscal heredado a quien culpar.

La Presidenta se mueve en un eje que definió desde campaña: confianza, certidumbre y resultados. Retirar a Gertz es un ajuste estructural para que su modelo de seguridad funcione. El próximo fiscal necesita tres atributos: técnica impecable, independencia política y capacidad de convertir inteligencia en condenas. Sin esos elementos, la transformación jurídica será sólo retórica, y si este gobierno quiere contar otra historia sobre seguridad, justicia e impunidad, no bastará con cambiar al piloto de la FGR. Debe cambiar el desenlace de los casos que todavía nadie logra cerrar.