¿Qué significa financiar a los partidos políticos? II

Una vez que la petición realizada por la ciudadana Begoña Hernáiz para “canalizar los recursos de los partidos políticos a la reconstrucción de zonas afectadas”, fue subida a change.org, no tardó más de tres días para que más de un millón y medio de personas la suscribieran. La petición, dirigida a los presidentes de los partidos políticos, el Congreso de la Unión, así como al INE. Esto modificó el escenario electoral y los alcances que llegue a tener en el futuro inmediato todavía son inciertos.

Ante esta petición y ante la emergencia por la devastación que dejaron los sismos de septiembre, los partidos políticos han reaccionado de muy diversas maneras.

AMLO, presidente de Morena, junto con su Consejo Nacional realizó una colecta entre sus militantes, dirigentes, legisladores y funcionarios, recaudaron 103 millones de pesos a través de un fideicomiso, dinero que será repartido por un comité encabezado por Elena Poniatowska y Alejandro Solalinde.

La dirigencia del PRI a través de su presidente, Enrique Ochoa Reza, renunció ante el INE, por medio de un escrito presentado en la Oficialía de Partes, a las prerrogativas del último trimestre de este año, con el fin de que 258 millones de pesos sean destinados a la reconstrucción del país. Ochoa solicitó a los demás partidos hicieran lo propio, señalando que de esta forma se podrían reunir cerca de mil millones para la reconstrucción.

El PAN en días pasados depositó 50 millones de pesos en una cuenta bancaria para apoyar a los damnificados. Su presidente, Ricardo Anaya, declaró: “No vamos a entregar el dinero al gobierno federal priista, sería inaceptable que ese dinero fuera desviado o mal utilizado, como ya ha ocurrido con este gobierno”. Más adelante, el propio PAN, junto con los presidentes integrantes del Frente Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone la creación de un Fondo de Reconstrucción Nacional para los damnificados, la eliminación total del financiamiento público a los partidos políticos y la reducción de topes de campaña y gastos de publicidad gubernamental.

Los partidos se han enfrascado en una competencia por conseguir la aprobación social, sin reflexionar  el daño que causaría a la democracia la eliminación del financiamiento público. En un Estado como el nuestro, con estructuras jurídicas poco sólidas y niveles de desarrollo institucional que muestran una alta vulnerabilidad frente a la corrupción, renunciar al financiamiento público sería  un atentado contra la democracia. Quedaría abierta la puerta para la llegada del “dinero sucio” a las campañas. Los procesos de fiscalización de los recursos económicos y su origen, hoy de poco eficientes, se volverían opacos y las instituciones de gobierno quedarían a merced de la delincuencia .

En un país con tantas carencias es, sin duda, inmoral la cantidad multimillonaria que reciben de financiamiento los partidos políticos y es necesario reducirla. Pero esto debe darse en un proceso paulatino que contemple otras fuentes de financiamiento lícito, sobre todo, reguladas y fiscalizadas por el Estado. Es impostergable la reducción del financiamiento público a los institutos políticos, sin embargo, dicha reducción pasa, necesariamente, por el análisis de lo que significa financiar a los partidos políticos.