Yo también

El espionaje, sobre todo el político, no es una actividad nueva. Lo han practicado gobiernos y particulares desde tiempos inmemoriales, en aras de presuntamente trabajos de “inteligencia” en pro de sus intereses, legítimos o no. Se usa también para el chantaje. Aterra más cuando se personaliza.

Por ello, sólo por ello, el escribidor rescata de sus estantes un libro editado en 1980, cuya edición corrió a cargo del gran Federico Campbell y fue publicado por Proceso. Su título es Espionaje político y es una selección de textos periodísticos publicados por los reporteros de aquella revista dirigida por Julio Scherer García, que relatan el espionaje del gobierno mexicano sobre sus ciudadanos y el primer intento de imponer la Cédula Única de Identificación.

En su portada se reproduce un magnífico dibujo de Rogelio Naranjo, e incluye textos de los reporteros Carlos Marín, Federico Gómez Pombo, Elías Chávez, Salvador Corro, Froylán M. López Narváez, Lucía Luna y Miguel Cabildo.

El libro recoge la historia de un inspector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien despedido decidió dar a conocer sus experiencias y las consecuencias que ello tuvo. No sólo hay entrevistas de denuncias, hay documentos y, principalmente, la presentación de las transcripciones de las conversaciones telefónicas y los reportes sobre aquellos que sufrieron el espionaje, principalmente empresarios y políticos de la oposición.

Los reporteros, la revista y el editor supieron que estaban documentado una práctica que existía desde siempre. Hubo entonces rasgamientos de vestiduras, anuncios y promesas de investigación de la Procuraduría General de la República, una inevitable Comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Nada pasó.

Como nada pasó cuando aquella misma revista documentó la actividad de agentes de la Secretaría de Gobernación en las diversas “fuentes” periodísticas, de aquellos que coloquialmente eran conocidos como los reporteros del Bucareli News. Algunos de ellos, a juicio del escribidor, bien pudieron haber hecho una muy buena carrera periodística en cualquier medio de a de veras. Rigurosos, buenos jerarquizadores, sintéticos y muchas veces dispuestos a compartir información con tal de que fueran aceptados por la “fuente” y mantener su estatus.

El recuerdo viene fundamentado por el incumplimiento de una promesa personal del escribidor y que hoy intenta reparar, aprovechando la coyuntura, siempre salvadora.

Hará cosa de unos años, cuatro, seis u ocho, una reportera fue a la oficina y de su bolso sacó un documento y dijo: “Mira cómo los investigaron y lo que dijeron de ustedes”. El documento provenía, oficialmente tenía sellos y todo, del Archivo General de la Nación (AGN). Ella hacía una investigación sobre el tema y se había topado con él.

En resumen, el documento reproducía (reproduce) una nota sobre la “actividad delictiva” de los reporteros de Proceso. Todos, por orden alfabético del directorio de ese momento y con excepción de las mujeres, eran miembros de una banda de tratantes de personas hacia Estados Unidos, especialmente niños con propósito de explotación sexual, según un supuesto juicio que contra ellos se llevaba en una Corte de San Diego, California. Eran los tiempos de Miguel Nassar Haro en la DFS. Si la memoria no falla y por razón ignorada, esa “peligrosa banda” era encabezada por el escribidor y por Pablo Hiriart, y tenían como lugarteniente al bueno de Manolo Robles.

La reportera aceptó compartir el documento; el escribidor lo fotocopió y lo llevó a su mujer, también exreportera de aquella revista y con una maestría en historia, quien le dijo: ¿Qué vas a hacer? Nada, respondió el escribidor. ¿Cómo? Es un documento en un archivo oficial. Les servirá a los investigadores y estudiosos de hoy y del futuro, reviró. Tú sabes que es falso, dáselo a las hijas y les contamos, respondí. Está bien, ¿y luego? ¿Cómo luego? Sí, luego; ese documento se mantendrá ahí siempre y dentro de cien años ni tú ni yo ni tus hijas ni tus nietos ni nadie que te y los conoce existirá para desmentirlo. Bueno, lo desmentiré públicamente. Y no, nunca lo había hecho. Hoy parece una buena oportunidad.

Qué conste. Ni el escribidor ni ninguno de los mencionados en ese documento traficaron con niños. Teníamos otros muchos vicios y pecados, pero ése no, y ninguno que ameritara la comparecencia ante un juez y mucho menos en Estados Unidos.

Por cierto, y esto sí es presunción pura, pero también necesaria: el escribidor no es coautor del libro de Campbell, porque simplemente la nota que le encargó Carlos Ramírez, su jefe entonces, no ocurrió. Fotografía de José de Jesús Ramón García, aquel exinspector de la DFS, en mano, el escribidor entonces reportero suplente en la fuente policiaca fue al Servicio Médico Forense y a las “planchas” de las delegaciones en su búsqueda, luego de que se reportó como desaparecido, después de la denuncia que hizo. Cuando reapareció anunció que había retirado su demanda de reinstalación laboral. Así se reporteaba entonces.