“Tuve mala suerte, me empaquetaron en la misma bolsa…”

César Duarte es uno de los gobernadores que enfrenta una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la PGR o, mejor dicho, por el presidente Peña, por haber legislado normas y realizado nombramientos de “fiscales a modo” en materia de lucha contra la corrupción, antes de promulgarse las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Al mandatario de Chihuahua lo metieron en el mismo paquete que a Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo.

Los tres gobernadores salientes han sido acusados de quererse blindar contra acciones de la justicia, una vez que abandonen el Palacio de Gobierno.

El de Chihuahua nos llamó ayer para aclarar que sí estuvo en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PRI convocada para la protesta de Enrique Ochoa Reza como presidente del PRI.

Y es que erróneamente pusimos aquí que no asistió a la sesión extraordinaria del Consejo Político del PRI. 

El hombre aprovechó la llamada para subrayar que en su caso “la PGR está equivocada” en lo referente a la acción de inconstitucionalidad.

Duarte jura que las reformas que se legislaron en Chihuahua datan de mucho antes de que se empezara a promover el Sistema Nacional Anticorrupción. “Es un esquema anterior”, sostiene. 

Y más: “Tuve mala suerte. Me empaquetaron en la misma bolsa (que Duarte y  Borge). Pero esto me va a servir para que se aclare que no interferimos para nada en el Sistema Nacional Anticorrupción”, nos dijo.

Preguntó una y otra vez si nos acordábamos de dónde surge toda esta idea de legislar un paquete anticorrupción. El sólo respondió: “de los moches denunciados por alcaldes panistas. Madero y Anaya andaban metidos en eso”.

Le recordamos que los señalamientos sobre presuntos cobros de moches se los hicieron a Luis Alberto Villarreal, entonces coordinador de los diputados del PAN.

La PGR incluso lo exoneró ya en tiempos del presidente Peña. Pero Duarte insistió: “A Madero se lo señalaban”.

Le preguntamos sobre el discurso en el que Enrique Ochoa Reza, nuevo presidente del PRI, plantea destituir a gobernantes corruptos. De inmediato reviró: “Impecable, estoy absolutamente de acuerdo”.

Ochoa Reza, por cierto, superó la prueba. Su primer mensaje fue bien recibido por los priistas. Mucho tendrá que trabajar y rodearse de colaboradores que sepan de política.

No le servirá de nada tener tan cerca a funcionarios menores como Ángel Meixueiro, de quien se dice es su brazo derecho. 

•  “La ley no se negocia”, repetían en los más altos niveles del gobierno federal.  La percepción era que no cederían un milímetro en la Reforma Educativa que impugnan los maestros inconformes.   

Durante un año se negaron al diálogo con los disidentes. Ni el vandalismo creciente de los maestros de la Coordinadora los hacía retroceder.

Mas bien endurecía su postura. Llegaron los ceses a maestros paristas, los descuentos por no asistir a clases. Las amenazas cotidianas. Los anuncios de más sanciones. La “mano firme” de Aurelio Nuño.

El arresto de los líderes de la Sección 22 de Oaxaca puso las luces en amarillo. No hizo más que cohesionar a los mentores de los sindicatos oficial y disidente.

Bloqueos carreteros,  intentos de tomas de aeropuertos, estrangulamiento de accesos a ciudades importantes, destrozos en oficinas, saqueos de tiendas, quema de vehículos, marchas y plantones en la Ciudad de México.

Hasta que llegó el sangriento episodio de Nochixtlán, Oaxaca: sus ocho muertos —todos civiles— y más de 100 heridos, en una acción que el comisionado Enrique Galindo quiso hacer pasar como una “emboscada” a la Policía Federal. 

La paz social, como dijo el obispo de Saltillo, Raúl Vera, “le  fue robada al país”, luego de que se aprobó la Reforma Educativa que, jura, “vulnera los derechos de los maestros”. 

Los muertos de Nochixtlán cambiaron todo. Nuño salió de la escena un tiempo. Miguel Osorio le entró al quite. Se volvió a establecer la mesa de diálogo con los disidentes. No se registraban grandes avances visibles, pero las demandas magisteriales caminaban por debajo de la mesa, con la discreta ayuda del SNTE.

Un tema toral del conflicto es la evaluación. Los maestros piden que se haga conforme al grado de desarrollo de las regiones. No que sea universal. “No es lo mismo un maestro de la colonia Del Valle que uno de Pinotepa Nacional”, ilustró Juan Díaz, dirigente del SNTE.     

La negociación volvió a la SEP. De allí salió ayer una noticia de primera plana: Nuño acepta revisar el método de evaluación que se aplicará a los maestros. 

El secretario de Educación escribió en su cuenta de Twitter:    

“En los próximos 45 días trabajaremos con el @INEemx y con el magisterio para definir cómo mejorar los procesos de evaluación…”.

Otro mensaje: “Carrera magisterial se seguirá contabilizando para todas las prestaciones y para el aumento salarial, que este año es del 3.5 por ciento”.

Uno más: “La próxima semana presentaré el modelo educativo y la propuesta curricular, la cual se discutirá en un amplio proceso de consulta”.

Una victoria para los maestros. Una buena noticia para la paz y una pregunta para el gobierno: ¿Era necesario todo esto para ceder en materia de evaluación y prestaciones?