La paz de los cementerios
Vaya un reconocimiento a los elementos de las Fuerzas Armadas que cotidianamente se juegan la vida en el combate a la delincuencia.
Cuestionar las deficiencias del Ministerio Público evidenciadas en el fallo del juez federal que liberó a cuatro de los siete militares involucrados en supuestas ejecuciones sumarias cometidas en Tlatlaya, no es un ataque al Ejército.
Lo aclaro porque algunos lectores dieron esa interpretación al texto escrito ayer en este espacio bajo el título de “La increíble historia del ‘debido proceso’ en Tlatlaya”.
No se trata ni de perseguir ni de acosar a las Fuerzas Armadas que, contra su voluntad, están metidas en una tarea que no es la suya.
Pero sí de condenar las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas en una bodega de ese municipio del Estado de México, aunque se trate de delincuentes.
No está de más recordar que la CNDH emitió una recomendación en la que acredita que sí hubo violaciones a los derechos humanos en los lamentables acontecimientos.
La recomendación fue aceptada por la PGR, la Defensa Nacional y la Procuraduría del Estado de México. No hay que olvidarlo.
En Tlatlaya resultaron muertos 22 presuntos delincuentes, algunos de los cuales ya se habían rendido, según testimonios de tres mujeres sobrevivientes.
Y sí, resulta increíble que a los militares detenidos tras los sangrientos hechos no se les hayan notificado los cargos que se les imputaban.
Ése es uno de los argumentos centrales que esgrimió el juez para dictar la libertad de los soldados. En otras palabras, no se les respetó el debido proceso.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó ayer que el resolutivo del juez no es definitivo y que la PGR puede apelar, cosa que ya hizo.
Vaya un reconocimiento a los elementos de las Fuerzas Armadas que cotidianamente se juegan la vida en el combate a la delincuencia. Estamos en deuda con ellos.
Pero vaya también una severa condena a los verdugos que, al amparo de un uniforme y en nombre de la autoridad, cometen ejecuciones sumarias que ensucian la labor del Ejército y de la Marina.
Hay que decir “no” a la paz de los cementerios.
- Me tocó ver en Ciudad Universitaria una manifestación de estudiantes que exigía la elección directa del rector. No llegaban ni a 50, en una comunidad de 400 mil universitarios.
Los inconformes caminaban detrás de una manta en la que se leía “¡Abajo la Junta de Gobierno!”.
Se exhibían aislados en aquel campus de tranquilidad.
La Junta de Gobierno de la UNAM está integrada por 15 miembros. Son ellos los que van a elegir al sucesor del doctor José Narro, el próximo 16 de noviembre.
Y son 16 los aspirantes —entre ellos, cuatro mujeres— que se registraron y entregaron su plan de trabajo ante la citada Junta de Gobierno. Hubo un registro de última hora.
- Siguen los embates de los gobernadores asustados con las candidaturas independientes. Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, puso ayer un ejemplo con el caso de Puebla.
“Se llegó al extremo de no sólo subir el porcentaje de apoyo ciudadano necesario a 3% del padrón electoral, no de la lista nominal, sino, además, de someter al ciudadano al irracional y absurdo requisito de apersonarse ante la autoridad electoral para que, como parte del trámite, se llene un formato y se pueda emitir un apoyo”, se quejó el senador poblano.
Son 128 mil firmas aproximadas, 128 mil formatos llenos, 128 mil ciudadanas y ciudadanos poblanos formados en diversos locales de la autoridad electoral para suscribir un apoyo para una candidatura independiente.
“¡Imagínense lo desproporcionado de ese requisito!”, protestó Barbosa.
- Recibimos, vía WhatsApp, un mensaje del exsenador Elías Moreno Brizuela —hombre cercano a Marcelo Ebrard—, aspirante independiente a la candidatura a gobernador de Veracruz.
El texto denuncia “el despotismo del gobierno duartista” y los métodos “intimidatorios e ilegales” que utiliza en contra de sus adversarios políticos.
Brizuela incluyó en su mensaje un desplegado que dirigió a la opinión pública de Veracruz en el que condena la presencia de un grupo de elementos de la Fiscalía General del Estado que intentaron ingresar en el domicilio del alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, sin orden judicial en mano.
“Lo que hizo el gobernador Duarte evidencia la puesta en marcha de un terrorismo de Estado inadmisible a todas luces y absolutamente peligroso para nuestra entidad”, dijo.
Y advirtió: “Lo que sigue es el caos total”.
- Hace tiempo que nadie sabe del exgobernador perredista de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre. Pero pronto lo volveremos a escuchar, a menos que no atienda la convocatoria que ayer le hizo la comisión especial de legisladores que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa.
La diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la citada comisión, anunció que Aguirre está citado a reunión con los legisladores el próximo miércoles 14 de octubre. El cónclave con el exgobernador parte de los encuentros que sostendrán con distintos actores involucrados en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.