La increíble historia del “debido proceso” en Tlatlaya

Uno se pregunta si la liberación de cuatro de los siete militares detenidos por el caso Tlatlaya, en el que se presumen ejecuciones sumarias, no es resultado de una acción ex profeso de la PGR para que los soltaran, con el alegato de que no se les respetó el debido proceso. Cuesta trabajo creer que el Ministerio Público no notificó a los soldados involucrados quién los acusaba y los cargos que se les imputaban, luego de lo ocurrido el 30 de julio del 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En esa fecha murieron 22 presuntos delincuentes, algunos de los cuales ya se habían rendido, según testimonios de mujeres sobrevivientes. Eso es lo que llevó al juez federal Rubén Noguera Gregoire, a dictar la libertad de los cuatro militares. Los otros tres soldados involucrados se quedaron en la cárcel acusados de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar de los hechos.

Las notificaciones a los detenidos son de lo más elemental. Son formalidades. Cualquier estudiante de derecho lo sabe. Está escrito en el artículo 20, apartado B, de la Constitución. Imposible que el Ministerio Público involucrado en un evento de esa magnitud no se supiera el debido proceso.

A partir de allí es válido sospechar del poder que tiene el Ejército y que hay complicidad de la PGR, hasta que no prueben lo contrario.

Los militares impugnaron el auto de formal prisión que les fue dictado en noviembre del 2014 por “ejercicio indebido del servicio público”. Lo hicieron en el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México. Sabían de las irregularidades y las aprovecharon.

¿Se habrán inspirado en el vergonzoso caso de Florence Cassez? ¿A los tres que permanecen encarcelados sí les notificaron los cargos? Son preguntas.

En la CNDH estaban anoche igual de sorprendidos y desconcertados. Quieren analizar con detenimiento el alegato del juez. Hasta hoy harán un pronunciamiento. Por lo menos es lo que dijeron.

No es necesario un sesudo análisis para concluir que tras el polémico fallo del juez y las razones que esgrime se abrirá un debate donde gobierno y Fuerzas Armadas saldrán mal parados.

• La ciencia es una herramienta para progresar. Es una actividad que, de apoyarse de manera adecuada con fondos suficientes, tiene la capacidad de hacer que los países se vuelvan más competitivos, generar proyectos científicos que tengan un impacto en la sociedad.

En México no ha sido atendida adecuadamente. Para apoyar las actividades científicas hay muy poco dinero. La ciencia es el patito feo del presupuesto. Seguimos siendo el último o penúltimo lugar de la OCDE en inversión. Menos del 0.5% del PIB.

Y de ese raquítico 0.5%, al Conacyt le toca como 35 por ciento.

El doctor René Drucker Colín, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos hizo notar que países que dominan la economía mundial invierten fuerte en desarrollo científico. Alemania es un ejemplo: 3% del PIB.

“México se ha quedado rezagado. Aquí ven la ciencia como un gasto y no como una inversión para el futuro. Sería ideal que llegara a la Presidencia de la República una persona que quiera impulsar el desarrollo científico y tecnológico”, nos dijo el investigador emérito de la UNAM.

“México no produce absolutamente nada innovador. Nos dedicamos a maquilar”, subrayó con impotencia.

• Muy contentos andaban ayer los colaboradores del senador oaxaqueño del PRI, Eviel Pérez Magaña. Tenían motivos. La Suprema Corte de Justicia anuló las modificaciones que se hicieron a la ley local de relajar los requisitos para ser gobernador del estado.

Y es que los legisladores locales redujeron de cinco a tres años la residencia mínima para aspirar al cargo establecida en la Constitución local. “Un traje a la medida de Alejandro Murat”, dicen los amigos del senador del PRI.

La SCJN, sin embargo, invalidó las modificaciones por considerar que contravienen el artículo 116 de la Ley Suprema que a la letra dice:

“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección”.

Alejandro Murat es director del Infonavit. Está en la carrera por la sucesión de Gabino Cué empujado por su padre, José Murat. En el entorno de Eviel Pérez Magaña aseguran que nació en el DF y que no cumple con los cinco años de residencia.

“Alegar derechos de sangre —como en su momento lo hizo Porfirio Muñoz Ledo en Guanajuato— puede llevarlo a una situación de inelegibilidad que los partidos políticos tendrán que valorar”, advierten.

• Una sorpresa es el nombramiento de Otto Granados como subsecretario de Planeación y Evaluación de la SEP.

Ya verá usted que su calidad de vocero de Los Pinos en tiempos de Carlos Salinas de Gortari llevará a los de siempre a concluir que el polémico expresidente tuvo que ver con su incorporación en el equipo de Aurelio Nuño.

Otto era embajador en Chile cuando fue llamado a la SEP. Fue gobernador de Aguascalientes. Pasó mucho años en la academia — el Tec de Monterrey, para ser precisos— antes de irse a Santiago.

Trabajó con Salinas, sí, pero no se puede deducir categóricamente que se contrató a perpetuidad, y que hubo mano negra del expresidente en su llegada a la SEP.