Los apuros de Bárbara

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Francisco Garfias 27/03/2014 01:27
Los apuros de Bárbara

Algunos diputados federales andan molestos con Bárbara Botello, alcaldesa priista de León y presidenta de la Conferencia Nacional de Alcaldes. No le perdonan que haya tenido el valor de exigir el cese de los famosos moches que esos “representantes del pueblo” le exigen a los ediles a cambio de gestionarles más presupuesto.

“El haber puesto este tema en la mesa de debate y llevarlo a tribuna ha sido muy importante. Sí hay reclamos, el día de ayer los tuvimos y no vamos a bajar la guardia”, advirtió la alcaldesa, según el periódico AM.

Hablamos con ella sobre el tema. Vía celular confirmó las molestias de los diputados y reiteró lo difícil que resulta a los presidentes municipales tener que mocharse con legisladores federales. “De por sí estamos en una situación precaria y con las amenazas del crimen organizado encima”, nos dijo.

El colmo. En el Senado retrasaron un mes la presentación de la propuesta de Reforma Electoral para sacar una sola de consenso. Fracasaron. Cada grupo trae las suyas por separado.

Los procesos internos están gravitando en forma negativa en los trabajos parlamentarios. Los acuerdos de la oposición con el PRI-gobierno se satanizan, se boicotean, se utilizan para golpear al adversario interno. El que los haga es un “entreguista”.

¿Resultado? Nadie se quiere comprometer.

Lo peor de todo es que el avance de las leyes secundarias que derivan de las reformas constitucionales dependen de la Reforma Política. Es condición para entrarle. El valor del Pacto por México comienza a hacerse evidente.

La tribuna de la Cámara alta fue escenario de la presentación de propuestas político-electorales. Dos del PRI y una del PAN.

Las senadora del tricolor, Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, presentó una ley de propaganda electoral. Contiene innegables avances. Prohíbe la discriminación publicitaria en represalia por la línea editorial de los medios.

El famoso “no pago para que me peguen” de José López Portillo.

Suena padre, pero difícil de alcanzar.

Entre los méritos de la iniciativa, Díaz destacó la propuesta de crear un Comité de Revisión de la Propaganda Institucional en el INE y facultar a la Auditoria Superior de la Federación —o sus equivalentes en las entidades federativas— para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos púbicos en materia de propaganda institucional.

Otro priista, Miguel Ángel Chico, presentó una iniciativa de ley general electoral; y el panista Juan Carlos Romero Hicks una ley general de instituciones y procedimientos electorales.

Dicen los chinos que una imagen dice más que mil palabras. Cecilia Romero, presidenta del PAN, apareció junto con los coordinadores parlamentarios Luis Alberto Villarreal, diputados, y Jorge Luis Preciado, senadores, en rueda de prensa.

El pretexto fue la presentación de la citada ley general de instituciones y procedimientos electorales. La realidad es que querían revertir la percepción de que no hay entendimiento entre el CEN y los coordinadores sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

Cecilia junto con su homólogo perredista Jesús Zambrano descalificaron, el martes, la propuesta enviada por el Ejecutivo. Villarreal y Preciado descalificaron a su presidenta. El primero la llamó, incluso, “irresponsable” por andarse adelantando a los legisladores.

No se habló del tema en la rueda de prensa. El PAN sacó más tarde un comunicado de tres puntos en el que aseguran que los tres tienen una única y común convicción sobre las leyes secundarias: que preserven el sentido de las reformas constitucionales aprobadas e impulsadas por el PAN el año pasado.

“Los legisladores de Acción Nacional en coordinación con el CEN analizarán con todo cuidado, profundidad y responsabilidad, pensando siempre en el bien común de todos los mexicanos”, dice el texto.

Recuperamos una parte de la intervención del senador del PT, Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, durante la sesión en la que fue ratificado Monte Alejandro Rubido García como Comisionado Nacional de Seguridad.

Nos llamó la atención la parte que dedicó a la Dirección Federal de Seguridad. Fue como un aviso de lo que nos puede suceder, si se mantiene la militarización de las actividades policiacas.

“Hace algunos años —dijo— el sistema contaba con lo que se llamó Dirección Federal de Seguridad. Es un cuerpo que se construyó con una base de militares, de jóvenes salidos del Colegio Militar. Se desarrolló durante muchos años, llegando a establecerse una organización inconstitucional ajena al propio control del Estado. Una policía política.

“…Se involucró con el crimen organizado, con el narcotráfico, con toda una serie de actividades delictivas. Me tocó esa etapa. Tomamos la decisión con el Presidente de la República (Miguel de la Madrid) de desaparecer ese cuerpo y pasar a un verdadero sistema de seguridad, basado en la inteligencia civil”, dijo.

Ya en corto, nos dijo que el poder civil siempre debe de estar por encima del poder militar. Ya es tiempo de que un civil sea secretario de la Defensa “como ocurre en muchos países”, subrayó.

Bartlett, por cierto, reveló que cuando llegó a Gobernación, Miguel de la Madrid le propuso mantener a Gutiérrez Barrios como subsecretario. “Lo que quiero es que se vaya… Además él ya se quiere ir...”, le respondió al Presidente.

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