Banderas

Paulina Rubio desató, hace ya casi siete años, una controversia por haber aparecido semidesnuda en una página interior de la revista Cosmopolitan España, cubierta por la bandera mexicana, como parte de un reportaje sobre productos invernales con los colores verde, blanco y rojo. Excélsior publicó, el 7 de octubre de 2007 en su primera plana, que La chica dorada, a juicio del jurista Raúl Carrancá, contravino la ley que regula el uso de los símbolos patrios.

La noticia dio literalmente la vuelta al mundo cuando fue retomada por agencias internacionales y fue muy comentada sobre todo en España, donde la exvocalista de Timbiriche es bastante conocida. Pero, más allá del chisme sobre una figura de la farándula internacional, la caracterización informativa de esa nota tenía que ver con la posible violación de una normatividad que puede resultar discutible o rebatible, pero que ahí está.

Aunque fuera parte de la conversación, no se trataba necesariamente de materia informativa el buen o mal gusto de Paulina Rubio utilizando la insignia como taparrabo. No lo hizo para arrojarse heroicamente de ningún castillo, desde luego, sino con una finalidad presuntamente estética, festiva, alegórica de los tres colores como representativos de una tendencia de moda. Eso, desde luego, no la exculpaba de la falta legal por la cual fue finalmente sancionada. No se trata de juzgar buenas o malas intenciones, sino de la controversia que significaba una celebridad enfrentada con el Estado mexicano. Ni más ni menos. (Comentario aparte merecen los alcaldes que, amparados en su ignorancia de la ley y la efervescencia de las fiestas patrias, dieron el Grito de Independencia portando la banda presidencial que sólo puede utilizar el titular del Ejecutivo federal, como el perredista Manuel Madero González, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla).

Desde luego, implica mayores agravantes el escándalo de la cantante estadunidense Miley Cyrus, quien utilizó un lienzo tricolor para golpear su trasero en su presentación en Monterrey. Dejemos como una cuestión meramente subjetiva si hay gente que le celebra los contoneos procaces que desde hace un año viene repitiendo la exestrella infantil de Disney. No hay duda alguna de la intención ofensiva y de burla con la finalidad de provocar escándalo. Su condición de extranjera la vuelve susceptible de que se le hubiera aplicado el artículo 33 de la Constitución, que faculta al gobierno federal para expulsar inmediatamente a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. 

No se llegó a una decisión así, que habría estado perfectamente sustentada legalmente, aunque imagine, amigo lector, la polémica que habría armado. Los fans de la cantante habrían calificado de exagerada, trasnochada y chovinista la decisión. Los opositores al gobierno quizá no simpatizarían con Cyrus, pero verían un peligroso antecedente que podría aplicarse contra otros extranjeros que han venido al país a realizar actividades netamente políticas (acordémonos de los famosos zapatours en los que varios europeos visitaron hace 20 años en Chiapas al EZLN, un grupo armado que declaró la guerra al Estado mexicano), prohibición marcada expresamente también por la Carta Magna.

A final de cuentas, no importan todos los adjetivos que rodean la polémica si llegamos al núcleo de ella: la otrora Hanna Montana violó la ley y punto, y su conducta amerita sanción. Así está establecido en la ley y ya será motivo de otro debate si la normatividad es apropiada o no para esta época, o si el tipo de sanciones previstas (una multa minúscula si se le compara con las ganancias de la estrella internacional) estimulan este tipo de conductas en lugar de inhibirlas. Lo que es claro es que aquí a nadie se le ocurriría hablar de “criminalización” ni nada por el estilo. A la ciudadana Cyrus se le permitió el ingreso al país confiando en que su conducta se apegaría a las leyes mexicanas y ella no cumplió, por lo que amerita la sanción correspondiente.

Es el mismo rasero que aplica, por ejemplo, el gobernador texano Rick Perry cuando expulsa a los niños centroamericanos que cruzan ilegalmente la frontera en búsqueda de sus padres o en pos de un trabajo para ellos mismos. Hasta ahí la razón le asiste. Lo que resulta rebatible es su afán de envolverse en la patriótica bandera de los intereses de su país, acusando que México es el responsable de cuidar que aquella migración no cruce a su territorio y movilicen a la Guardia Nacional bajo el argumento de que todos aquellos que se pasan del otro lado son narcotraficantes o terroristas.

Para México lo más sencillo sería expulsar del país a cuanto extranjero estime incómodo, amparado en su Carta Magna. La realidad, empero, es más compleja y si en algo se distinguen los mexicanos es en la tolerancia en pro de la convivencia. El caso de los niños centroamericanos que atraviesan la frontera no puede reducirse a un problema de seguridad o de llana violación de la ley. Es una crisis internacional de derechos humanos cuya solución compete a los países expulsores, a México y a Estados Unidos, por medio de una salida negociada que reconozca la complejidad del fenómeno y que pase, necesariamente, por mejorar las condiciones de vida de los países involucrados.

El presidente Barack Obama al menos ha mostrado un gesto de apertura al tema con la postulación de María Echeveste, hija de inmigrantes ilegales, como futura embajadora en México. Pero al gobernador de Texas le viene bien el discurso guerrero, en el que todos aquellos que no forman parte de su territorio son invasores enemigos. No importa que su coqueteo con el más rancio conservadurismo torpedee los intentos para una solución profunda y de largo plazo. Por lo pronto, ya se verá si el señor Perry, fallido precandidato presidencial republicano, logra capitalizarse políticamente haciendo del oportunismo su bandera.

                Twitter: @Fabiguarneros