¿Ciencia o ganancia?

Hay temas controvertidos que a veces no se logran resolver porque no hay manera de llegar a un acuerdo o de conseguir siquiera una mayoría a favor. Tal es el caso, por ejemplo, de las semillas transgénicas.

Desde hace varios años existe una discusión en todo el mundo, pero de manera más acentuada en Europa, sobre un producto químico, el glifosato, un herbicida que fabrica la empresa Monsanto bajo el nombre comercial de Roundup, hoy propiedad de la alemana Bayer, que venden varias empresas, ya que la patente ha vencido.

El caso se ha vuelto bastante polémico ya que ha involucrado tanto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), como a varias autoridades de la Unión Europea, mismas que difieren de la OMS; y en medio están la empresa, los agricultores y los ciudadanos, que toman partido siguiendo a sus intereses y convicciones, muchas veces más que a los estudios científicos.

El glifosato es el principio activo de muchos herbicidas comerciales y aunque fue sintetizado en los años 50 del siglo pasado, no fue hasta 1970 que un químico de la empresa Monsanto descubrió sus propiedades herbicidas y se empezó a vender a partir de 1974.

Sin embargo, su gran despegue, hasta convertirse en el número uno de ventas en el mundo, llegó hace más o menos 20 años, cuando la empresa empezó a comercializar plantas genéticamente modificadas con el beneficio adicional de que eran inmunes al efecto del glifosato, lo cual les daba una ventaja enorme, ya que mataba todas las hierbas alrededor del cultivo principal.

A partir de su éxito comenzaron a surgir poco a poco los cuestionamientos sobre el producto por parte de varias organizaciones no gubernamentales que inundaron de cartas de protesta, llegando a juntar más de un millón de firmas en Europa para lograr su prohibición y aquí empezaron a complicarse las cosas.

Por un lado, la OMS, tomando en cuenta los estudios del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que depende de ella, clasificó al producto en el año 2015 como “probablemente cancerígeno” para las personas; incluso los medios han mencionado que los residuos del herbicida se han encontrado en 45 por ciento de la capa vegetal de Europa y en la orina de tres de cada cuatro alemanes a los que se ha analizado. Por otro lado, dos organismos dependientes de la Comisión Europea contradijeron a la OMS; la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) concluyó que el glifosato tiene escaso potencial de ser cancerígeno o genotóxico y, adicionalmente, la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) también informó que, de acuerdo con los conocimientos científicos actuales, el producto no puede ser considerado como carcinógeno, mutagénico o tóxico para la reproducción.

Europa se encuentra dividida en el tema: 16 países apoyan extender la licencia de venta y uso por diez años más y otros diez Estados se oponen, estando mezclados países ricos y pobres, y países del norte y del sur.

Por supuesto, la empresa ha movido todos sus hilos e incluso se ha negado a asistir a una reunión de la Eurocámara para discutir sobre el asunto, y sus principales aliados, entre ellos la principal agrupación de productores agrícolas del continente europeo (Copa-Cogeca), han pedido su mantenimiento, argumentando que, de no hacerlo, se tendría un impacto directo en la agricultura con pérdidas de miles de millones de euros y destrucción de empleos.

Estamos frente a una situación complicada, donde un asunto científico se ha convertido en un asunto económico-político y ha envuelto a organismos de la ONU y la Comunidad Europea. Los que no estamos metidos de lleno en el tema nos preguntamos: ¿cuál opinión vale más? Y si esta pregunta es válida, ¿quién debe responderla?

Porque lo que no se vale es tener la duda sobre si un producto produce o no cáncer y si es por razones económicas que se permite que se siga utilizando en todo el mundo. Los políticos deberían ser conscientes de este hecho y tener la humildad y la prudencia de llegar a la verdad cuanto antes.