Una vez más

A principios de la semana que ahora termina, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Segundo Informe Parcial de la Cuenta Pública 2016 y, como siempre ocurre, es noticia de primera plana durante varios días para después pasar a un segundo o tercer plano.

Sin embargo, es necesario insistir en los hallazgos de los auditores, donde vemos que las irregularidades de todo tipo, ya sean administrativas o penales, han ido en aumento durante la administración que está por terminar.

Hay cuestionamientos casi en todos los ramos de la administración pública, algunos de ellos son emblemáticos y son los que mayor difusión tienen, como el referente a la empresa petrolera hasta ahora nacional Pemex, donde encontraron que en la asignación directa de una obra para la Refinería de Tula, Hidalgo, se pagó más de 61 por ciento de lo establecido en el contrato original a la hoy famosísima empresa brasileña Odebrecht y lo peor es que, según la ASF, en un comparativo que realizaron con otros contratos y obras similares, empresas mexicanas habían ofrecido precios más convenientes, es decir, ya de origen era más cara la asignación directa a los brasileños.

En el informe hay un análisis en donde se concluye que para el año pasado era casi 60 por ciento más barato producir gasolinas que importarlas, lo cual choca con las declaraciones gubernamentales.

Otro tema también llamativo es el referente a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, en donde han identificado pagos indebidos por mil 775 millones de pesos, estando también involucrado el gobierno de la Ciudad de México, ya que, según la Auditoría, éste recibió mil 532 millones de pesos, pero no los ejecutó ni devolvió.

No podían dejar de mencionar el Paso Exprés y su socavón en Cuernavaca, Morelos, en donde también hay pagos en exceso y obras no realizadas, emitiendo un dictamen sobre la obra que señala que “la carpeta de concreto hidráulico y las bases estabilizadas eran de mala calidad y hubo incumplimiento de espesores”.

Otro tema importante es el que se refiere al llamado programa de Escuelas al Cien, sobre el cual el gobierno insistió en repetidas ocasiones que no generarían deuda, ya que el dinero provendría de la emisión de bonos de infraestructura educativa, en unos certificados en la Bolsa Mexicana de Valores, sin embargo, el análisis realizado por la ASF indica que adicionalmente a los 50 mil millones de pesos, los estados de la República tendrán que pagar 59 mil millones de intereses en los próximos 25 años a inversionistas privados que hayan adquirido dichos certificados, comprometiendo recursos durante un cuarto de siglo del Fondo de Aportaciones Múltiples.

El esquema utilizado no permite reportar los montos pendientes de amortizar ni sus intereses en las Cuentas Públicas Federal o Estatales, siendo un gran negocio para los inversionistas y no para el Estado.

En relación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una vez más la ASF encuentra que en 2016 se devolvieron 257 mil 674 millones de pesos que beneficiaron a dos mil 18 grandes contribuyentes, pero sólo 15 de ellos se llevaron 105 mil millones y, por otro lado, en materia de recuperación de créditos fiscales únicamente han recuperado cuatro por ciento y se pierden muchos juicios debido a errores burocráticos.

Podríamos seguir con otros ejemplos, pero lo que es de destacarse con los informes del auditor es que la actual administración pública ha hecho poco para mejorar su forma de trabajar y combatir la ineficiencia y, sobre todo, la corrupción.

El auditor superior, Juan Manuel Portal, termina este año su encargo y tiene la oportunidad de tener otro periodo, estando en manos de la Cámara de Diputados la decisión. Tal y como están las cosas, ahora sólo faltaría que se meta en el juego político, adicionalmente al nombramiento de fiscales, el del auditor superior; lo congruente sería ratificarlo porque ha demostrado eficiencia en su trabajo y, sobre todo, imparcialidad.