Ingreso ciudadano, avanza

Parece que este año se está convirtiendo en uno de los más importantes y decisivos para la implantación del Ingreso Ciudadano Universal o Renta Básica, ya que a nivel global y bajo distintas formas los gobernantes están entendiendo que quizá es la única vía de que la población pueda tener garantizada por lo menos su sobrevivencia, la cual es, sin duda, el primer y principal derecho humano a partir del cual se pueden gozar los demás.

Existen diversos experimentos en curso, algunos de los cuales, por su importancia, voy a comentar en este artículo.

El gobierno federal de Finlandia puso en marcha un proyecto para dotar de un ingreso básico a todos los ciudadanos desempleados, mismo que comenzó en enero de este año y termina en diciembre de 2018; en Canadá, el gobierno provincial de Ontario va a probar un ingreso básico incondicional durante tres años, para lo cual los ciudadanos tendrán que inscribirse; en la convulsa España, gracias a la labor de los dos grandes sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), se lograron reunir 700 mil firmas que respaldan una Iniciativa Legislativa Popular que pide una renta mínima de 426 euros para los ciudadanos sin recursos y en extrema pobreza.

Todos los partidos políticos, con excepción del Partido Popular y Ciudadanos, han apoyado la propuesta convertida ya en proposición de ley y se encuentra en revisión de comisiones, aunque ambos partidos han bloqueado hasta 19 veces la propuesta y está pendiente de aprobarse. No obstante, la ciudad de Barcelona ha lanzado un experimento reformando los diversos programas que tiene para el combate a la pobreza.

Dos organizaciones no gubernamentales, bajo el nombre de GiveDirectly (dar directamente), van a emprender, sobre la base de un estudio piloto, un programa financiado por ellos en las poblaciones rurales de Kenia para dar un ingreso básico universal por 12 años. También en Estados Unidos, con el apoyo del llamado Silicon Valley de California y una organización denominada Combinator Research, se completó un estudio en Oakland, California, para darle a tres mil personas un ingreso básico en dos estados de ese país.

Recientemente, en la Organización Mundial de la Salud (OMS) se presentó la propuesta de un ingreso básico universal y en una conferencia dada este mes en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, bajo el título Buen Momento para reparar el tejado, la señora Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo textualmente: “En el FMI estamos analizando las ventajas y desventajas de distintas ideas que pueden ayudar, desde conceptos no ortodoxos como el ingreso básico universal hasta políticas más tradicionales como la aplicación de impuestos más progresivos... en 1981, la tasa marginal máxima del impuesto en las economías avanzadas era en promedio de 62 por ciento y en 2015 es de 35 por ciento”.

En nuestro país también se están moviendo las cosas y la diputada Araceli Damián ha presentado una iniciativa de ley con el objetivo de crear el derecho al ingreso ciudadano universal. La propuesta es muy completa e incluye justificaciones no sólo morales, sino también económicas de cómo se podría implantar en etapas, sobre todo para poner en orden los más de cinco mil programas federales, estatales y municipales dedicados al desarrollo social.

Por último, esta semana, el señor Carlos Slim planteó un cambio en la política social para otorgar un salario fijo directamente a las familias, con el fin de evitar la corrupción y la burocracia que hoy consumen la mayor parte de los recursos.

Es decir, la propuesta de un ingreso básico universal ya no es una idea de intelectuales trasnochados que no entendemos economía, sino que la OMS, el FMI y grandes empresarios están entendiendo que, sin duda, es una certeza razonable para que millones de personas salgan de la pobreza.

Esperamos que los gobernantes de todo el mundo tomen en serio este tema, por el bien de los ciudadanos.