¿Hasta cuándo?

No he leído o visto que alguna persona que escriba en los periódicos o transmita comentarios u opiniones en los diferentes medios de comunicación haya expresado algún comentario favorable a la asignación de recursos a los partidos políticos para las elecciones del año próximo que recientemente anunció el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con la ley suprema.

También en las redes sociales se han manifestado en contra de dicho financiamiento. Es decir, no se trata de un problema de ideología, sino de sentido común y llama la atención que hasta ahora ninguno de los partidos políticos se haya manifestado al respecto, ni en favor ni en contra; según ellos, seguramente se trata de una situación que ya está legislada y que hay que cumplir. Y todos contentos.

Y efectivamente, el financiamiento público para los partidos está consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, el cual contiene varias fracciones, una de ellas con una fórmula aritmética para distribuir los recursos.

Para 2018 se otorgarán más de seis mil 700 millones de pesos del presupuesto federal a los diferentes partidos, incluyendo una cantidad ridícula a los candidatos independientes. Además, se entregarán a los partidos otros seis mil millones de pesos a través de los Organismos Públicos Locales (OPLES), según ha declarado el senador Roberto Gil del PAN y, adicionalmente, tienen la oportunidad de recibir fondos privados y canonjías, como el del servicio postal y telegráfico.

Hemos visto el desperdicio de recursos que hubo en la sonada y competida campaña del Estado de México, donde se despacharon con la cuchara grande, pues el OPLE estatal fijó el tope de gastos en la increíble cifra de dos mil 400 millones de pesos, mientras que el INE pretende fijarlo en 430 millones de pesos.

Dándose cuenta de la indignación generalizada, el INE anunció esta semana que convocará a un foro en el que se analicen los montos del financiamiento público a los partidos políticos y se discuta también una cuestión importante, la relación entre dinero y política, tema que preocupa, no sólo en México, sino en muchos países.

El consejero presidente declaró que es un convencido defensor del financiamiento público, pero que es tiempo de discutir los montos y ése es el objetivo del foro. Esperemos que haya una nutrida participación y, sobre todo, que los representantes de los partidos participen.

El joven diputado independiente Pedro Kumamoto ha hecho una propuesta inteligente que no ha tenido la mayor repercusión entre sus compañeros congresistas, misma que se refiere a fijar el financiamiento no con base en el padrón electoral, sino sobre la base de los votantes efectivos, con lo cual se tendrían ahorros significativos. Seguramente habrá otras propuestas igual de interesantes que permitan eliminar este desperdicio.

Lo que deben entender los miembros del Congreso, por si todavía les quedara alguna duda, es que dada la situación del país, con más de la mitad de la población en condición de pobreza y con los recortes al presupuesto que se han venido aplicando y seguirán aplicándose, no pueden pretender que no haya reducciones a la partida de financiamiento a los partidos.

Pero lo que es todavía más inconcebible es que los mismos partidos rebasen los montos permitidos para este financiamiento público, a todas luces exagerado, y el INE tenga que fijarles multas por ello, las cuales litigan. Hasta ahora, únicamente se ha pagado una cantidad ínfima de las multas fijadas a éstos, siendo que todos han sido sancionados elección tras elección.

¿No debería ser esto motivo suficiente para que se modificara dicho financiamiento en la Constitución?

Una de las pocas cosas sobre las que hay consenso en la actualidad en nuestro país, es que la cantidad de recursos que se otorga a los partidos políticos es insultante y esto lo tendrían que tomar muy en cuenta los diputados. Esto va más allá de una discusión ideológica, que sería muy interesante, y no estar en la repartición de tarjetas, tinacos, camisetas, etcétera.