¿Por qué?

Cada día nos enteramos que son más los contratos, convenios, concursos y asignaciones directas que los diferentes órganos de gobierno y entes obligados realizan y envían a la reserva por un determinado número de años, y la gran pregunta es: ¿por qué?

Hace varios años que esto ocurre y muchos se quedan tan tranquilos, al fin y al cabo ya casi no es “nota roja”, a pesar de que todos los partidos políticos lo hacen, sean gobiernos federales, estatales y municipales, y sin que hasta la fecha haya una justificación real para enviarlos a la reserva.

Si partimos del principio de que todo lo hacen conforme a la ley, no se entiende la necesidad de ocultar la información al público, lo cual es parte de la enorme corrupción que sabemos y el enojo que existe entre la población del país. No hay encuesta que no lo diga.

Sin duda, hay varios temas que deben ser reservados. Seguramente todos aceptamos que aquellos que se refieren a la seguridad nacional lo sean, como la construcción de cárceles, cuarteles y bases militares. Pero resulta que aparte de estos casos, hay un sinnúmero de asuntos que nada tienen que ver con dicho tema, como por ejemplo, aquellos relacionados con el segundo piso que el gobierno del, en aquella época, Distrito Federal, que acordó reservarlos por varios años, así como los actuales gobernantes quienes a la menor duda de que pueda haber cuestionamientos sobre lo que hacen, simple y llanamente decretan reservarlos.

Aquí hay un gran problema, porque la mayoría de los temas reservados se encuentra en las asignaciones directas, sin concurso público, lo cual ya de origen siembra una duda funesta hacia las autoridades que las fomentan y hacen.

Considero que, con la excepción que hemos mencionado de aquellos asuntos relativos a la seguridad nacional, no debería permitirse decretar la reserva a ningún otro. Aquí el Ejecutivo federal en primer lugar y los gobernadores deberían considerar la importancia de la transparencia en la asignación de los recursos, haciendo pública toda la información.

Ya estamos viendo resoluciones del Instituto de Acceso a la Información (INAI), tomando cartas en el asunto y obligando a las diversas autoridades a cambiar su posición y hacer públicas varias de sus asignaciones reservadas, lo cual significa un avance.

Pero la pregunta sigue en pie, ¿por qué hay que ocultar por varios años dichas asignaciones, partiendo del principio de que se cumple con las normas? ¿O quizá no es así?

Nuestros servidores públicos van a conferencias al extranjero y hacen gala de lo maravilloso que es invertir en México y de la transparencia que existe. Sin embargo, resulta que cuando se profundiza aparecen ciertos problemas que no permiten el acceso a la información a quien lo demanda. ¿De qué presumen, si no cumplen con las normas de transparencia que cualquier otro país, sobre todo los desarrollados, sí cumple?

Es incuestionable que algunas de las adquisiciones de las áreas de seguridad nacional sean reservadas, pero de ahí a que el resto de secretarías y órganos dependientes del Ejecutivo lo hagan es un tramo inaceptable.

Me pregunto qué tienen que reservar las secretarías de Comunicaciones, de Desarrollo Social u otras, en materia de adquisiciones, obras o servicios, que no podamos saber el resto de los ciudadanos.

Sin duda, el Congreso de la Unión e incluso la Suprema Corte de Justicia tienen que decir algo al respecto, porque ¿de qué nos sirve que después de diez años, por ejemplo, nos enteremos que tal o cual asignación fue indebida? ¿Quién va a ser responsable de tal decisión?

Ahora que vamos a entrar en la etapa probablemente más difícil del actual siglo, con las elecciones que habrán de celebrarse el año que viene, convendría poner un alto en el tema de la información reservada, principalmente cuando se trata de compras u obras que se han decidido poner en esa condición.

Sería interesante que los entes obligados publicaran aquéllas que han sido reservadas, para saber cuál es la posición de los diferentes responsables sobre el tema.