Crisis de valores

No sé cuándo se puede decir que un país está en crisis, cuáles son los elementos específicos que la determinan; pero lo que sí veo es que estamos muy cerca de tener una muy seria. Y no por las condiciones económicas, sobre todo si se hacen comparaciones entre la macroeconomía y la microeconomía, que tanto gustan a los analistas del sector privado y gubernamental para argumentar a su favor lo que consideran que sirve para sus intereses. La realidad social indica que, sea cual sea el método de medición, al día de hoy hay más de 50 millones de pobres en nuestro país y esta cifra no baja, a pesar de los miles de millones que se destinan a su combate.

La crisis más importante es la que estamos teniendo de valores éticos, y entre ellos destaca la honradez de los servidores públicos, que actualmente está por los suelos, y muy publicitada, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. No hay día en que no aparezca una denuncia sobre algún hecho irregular por parte de alguna autoridad de cualquier nivel.

Si bien algunas de ellas pueden ser falsas o estar manipuladas, una proporción creciente es verdad. No es posible que tantos periodistas o investigadores estén en el error, es decir, algo muy malo está creciendo en la sociedad mexicana, con la ayuda del gobierno, de las Cámaras y de los partidos políticos.

Esta semana que termina ha estado plena de tales casos en varios temas. El primero de ellos fue, tal y como muchos habíamos pronosticado, la incapacidad de los senadores de ponerse de acuerdo para designar al primer fiscal Anticorrupción, como mandata la ley. Se tuvo que celebrar la primera reunión del órgano ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción con un asiento fundamental vacío, el del fiscal.

Quizá el problema es que tienen que elegir un fiscal, porque si fueran tres el problema estaría resuelto. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en el Instituto Nacional Electoral, en el que la sustitución de tres consejeros no tuvo ningún problema, designando uno por cada partido: PRI, PAN y PRD. Después nos contarán cómo le van a hacer estos nuevos consejeros “ciudadanos” para ser imparciales.

Otro ejemplo es la designación de una persona para el órgano de dirección del Inegi, la cual causó fuerte discusión entre los senadores. El tema, para no variar, se ha desviado de lo fundamental, que a mi juicio consiste en si cumple con los requisitos que marca la ley. Todo lo demás que se argumente sale sobrando y es una lástima al mostrar el poco cuidado del Ejecutivo al enviar propuestas tan cuestionadas. De inicio, la persona escogida estará marcada por este hecho, en una institución tan respetable como el Inegi.

Con la detención en Estados Unidos del fiscal general de Nayarit han empezado a aparecer algunas notas hablando de un supuesto enriquecimiento y de malas compañías del actual gobernador. Harían bien las autoridades en empezar a checar, si no lo han hecho ya. No nos vayan a salir con que “se nos escapó”, en caso de que se confirmen las notas.

Y un último caso también de esta semana, es la, por decir lo menos, incomprensible decisión de la PGR de reservar por cinco años la investigación sobre el caso Odebrecht. En esta columna mencionamos ya hace dos meses que se suponía que las autoridades estadunidenses ya tenían los datos de quiénes eran los inculpados y nada más había que pedírselos, con base en los acuerdos que se tienen con ellos.

Han elaborado todo un camino sinuoso hasta llegar a la decisión de reservar por cinco años, que da la impresión por lo menos de encubrimiento. Mientras que en varios países de América Latina ya se sabe quiénes son, aquí se van a reservar los nombres.

Incluso, las autoridades brasileñas han informado que en junio darán a conocer los nombres de los mexicanos involucrados, no sabemos si públicamente.

Es, pues, una crisis de valores la que estamos viviendo, pero acentuada por la inacción o protección de las autoridades en varios niveles, por lo menos del poder Ejecutivo y parte del Legislativo.