¿Y entonces qué?

Tuvo razón el Presidente de la República cuando, al inaugurar el Tianguis Turístico de Acapulco, expresó que “no vivimos en el peor de los mundos”, pero todo apunta, diría yo, que para allá vamos.

Nuestro director, Pascal Beltrán del Río, en una columna de esta semana, menciona atinadamente que en términos generales la sociedad se involucra poco cuando ve acciones irregulares y hace como si no pasara nada. El mejor ejemplo es el caso de los llamados Centinelas, jóvenes con recursos económicos que golpean a otros indefensos, sólo por el placer de hacerlo y, además, lo filman y lo suben a la red. Por lo que se sabe, cuando se ha detenido a alguno de ellos, se ha llegado a un acuerdo económico con las víctimas, sin que se proceda contra los agresores. Es decir, si tengo dinero puedo golpear a quien sea y después pago la multa, una cantidad al agredido y todos contentos. Esto es una muestra de que algo grave está pasando en la sociedad mexicana.

Como el ejemplo anterior hay muchos otros que retratan la incapacidad de los gobiernos, de todos los órdenes, para combatir los hechos violentos e irregulares, y en ésa también radica la apatía de la población porque muchas veces, cuando se involucra, denuncia y al final la autoridad no procede, queda la sensación de impotencia.

Esta impresión es mayor cuando uno lee declaraciones de funcionarios o ve en las redes sociales situaciones que eran impensables. Recientemente, el procurador del estado de Guerrero declaró que no puede combatir el narcotráfico con los elementos que tiene. Así de simple,

¿y entonces qué?

También hemos visto las fotos de un camión del Ejército mexicano volteado al impactarse persiguiendo a una camioneta que traía combustible robado en el estado de Puebla y, según comenta la nota de Excélsior, el camión fue volteado por la comunidad en apoyo a los rateros; es decir, la gente se organizó en contra de la autoridad; ¿y entonces qué?

De igual manera, vimos en las redes sociales un pleito entre la policía que vigila el Metro y los llamados “vagoneros”, en el cual estos sujetos se quitaron los cinturones y empezaron a golpear a los policías, quienes huyeron hacia atrás; ¿y entonces qué?

Y tres hechos más esta semana: el fiscal detenido en Estados Unidos por ser parte de un cártel de la droga; un aspirante a diputado con orden de aprehensión, protegido por los diputados en la Cámara hasta que obtuvo un amparo, y el desastre de las prisiones, del que el gobierno federal culpa a los gobiernos estatales; ¿y entonces qué?

Los anteriores son algunos ejemplos preocupantes, porque las personas involucradas son niños ricos, servidores públicos, campesinos o gente de clase media que no sólo se hacen a un lado sino, en ocasiones, incluso ayudan a los transgresores, recibiendo o sin recibir algún beneficio por ello.

Por otro lado, y al mismo tiempo, vemos a los partidos políticos denunciándose mutuamente y exhibiendo sus irregularidades pero, eso sí, siguen disfrutando de los recursos públicos sin la menor vergüenza. Según los medios, estamos hablando de más de ocho mil millones de pesos entre todos los partidos para este año.

También hemos visto el reparto de toda clase de cosas en los estados en los que habrá elecciones sin el menor recato, a pesar de las denuncias presentadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Tan sólo en el Estado de México ya hay 196 órdenes de aprehensión y más de 115 carpetas de investigación.

Cuando la FEPADE haya terminado su trabajo ya habrán pasado las elecciones y varios de los culpables tendrán fuero, lo cual es una decepción más para la sociedad. ¿Por qué se sigue dejando participar en las elecciones a partidos que una y otra vez han sido sancionados por irregularidades?

Los que opinamos que hay un problema agravado no sólo lo tenemos en la mente, existe en la realidad, y para resolverlo por supuesto que es necesaria la participación de la sociedad, pero es fundamental la acción eficiente y honrada del Estado, que hoy dista mucho de ser cierta.