Acciones contundentes

Sin duda, es necesario todo el apoyo al gobierno de la República frente al demente señor Donald Trump. A su vez, también es necesario que el gobierno realice acciones contundentes en varios campos, uno de ellos es el del combate a la corrupción.

La organización Transparency International ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción 2016, que indica cómo ven los ciudadanos de 176 países la corrupción pública.

Como era de esperarse, México cayó 28 lugares en la clasificación con respecto al 2015, ubicándose en el lugar 123, junto con Honduras y Paraguay. En América Latina se encuentran mejor clasificados que nosotros Bolivia, Perú, El Salvador, Argentina, Colombia, Panamá, Jamaica, Brasil, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, San Vicente, Santa Lucía, Barbados, Chile y Uruguay, el cual ocupa el lugar 21, el mejor de todos. Y por debajo de nuestro país están únicamente Nicaragua, Haití y Venezuela, pero si seguimos como vamos en una de esas los alcanzamos.

Este índice es la mejor demostración de que no se ha hecho, digamos, mucho en el tema, a pesar del famoso Sistema Nacional Anticorrupción, el cual seguramente empezará a operar a partir del año 2020 con el tiempo que se están tomando para concretarlo.

Uno de los mejores ejemplos que muestran que no estamos haciendo nada nos lo dan las noticias que tenemos de las autoridades estadunidenses en la aplicación de su famosa Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), la cual les permite investigar, negociar y enviar a la cárcel a personas que hayan corrompido a funcionarios públicos en el extranjero. Para poder actuar únicamente necesitan que las empresas coticen en la bolsa de Nueva York.

Tan sólo el año pasado 27 compañías pagaron 24 mil millones de dólares al Tesoro, como efecto de las negociaciones y las multas, sin que ningún hecho de corrupción haya sido realizado en territorio norteamericano. Otra muestra más de lo que es un imperio.

Algunas de éstas confesaron haber corrompido a funcionarios públicos en México y dieron los nombres y los montos, y hasta la fecha ninguna autoridad mexicana ha informado qué ha hecho para que el gobierno estadunidense, con base en los acuerdos que tenemos con ellos, nos dé la información para sancionar a estos corruptos. Mucho menos sabemos que nuestras autoridades hayan presionado a las empresas para saberlo.

El caso más emblemático es el de la empresa brasileña Odebrecht, que confesó y tuvo que pagar  tres mil 500 millones de dólares por la corrupción qué realizó en más de diez países y, según los documentos públicos, los sobornos fueron dados a “altos funcionarios de una empresa paraestatal mexicana” (léase Pemex). Hasta hoy la empresa brasileña sigue operando en México. Como comparación, el gobierno peruano los ha multado y suspendido sus operaciones en el país, al igual que el gobierno colombiano.

Otro caso es el de la empresa que fabrica equipo médico Orthofix, de Estados Unidos, la cual confesó haber corrompido a funcionarios mexicanos con dinero, lap-tops, televisiones, etc., por lo que tuvo que pagar de multa ocho millones de dólares. Una empresa farmacéutica israelita denominada Teva, también confesó que corrompió en México y otros países y pagó 520 millones de dólares por ello.

Zimmer Biomet, dedicada a implantes dentales, confesó haber sobornado a funcionarios aduanales para contrabandear sus productos y pagó 30 millones de dólares.

¡Cómo vamos a bajar en la percepción de la corrupción si no hacemos nada con estos casos, que son públicos, que han sido documentados e incluso han sido sentenciados con cárcel algunos de los participantes en Estados Unidos!

¿Tendremos que esperar a que el sistema funcione para perseguir a los corruptos? ¿No existe todavía la Secretaría de la Función Pública y los contralores internos en todas las dependencias? ¿No funciona la Procuraduría General de la República? La pregunta es muy simple: ¿Por qué este gobierno parece negarse o hacerse de la vista gorda con los casos de corrupción denunciados internacionalmente?