La educación, prioritaria

La pobreza y desigualdad en el país hacen ineludible que necesariamente sea el Estado el proveedor por excelencia.

En un artículo publicado esta semana en el diario Milenio, titulado Educación: no es gastar más sino invertir mejor, escrito por el subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, se plantean varios temas interesantes que considero que vale la pena comentar y reflexionar sobre ellos.

Coincido en que el gasto, palabra que yo cambiaría por “inversión”, en educación hasta ahora no ha dado los resultados que se suponía que deberíamos tener, por lo que es deseable un rediseño de ésta, como bien apunta el licenciado Otto Granados, quien reproduce una observación realizada por uno de los mayores y mejores investigadores en materia educativa, el doctor Pablo Latapí, en la cual, al referirse a la opinión de que un mayor gasto produce automáticamente mejores resultados, textualmente dice: “... No había un porcentaje óptimo porque éste dependía de las circunstancias educativas, demográficas y económicas muy específicas de cada país”.

Y en este sentido, considero que comparar ciertos datos de México con el resto de miembros de la OCDE sirve de poco. El secretario de esta organización, el mexicano José Ángel Gurría, ha logrado vendernos piedritas y cobrarlas en euros, no sólo en el sector educativo, sino en muchos otros; casi no hay dependencia que no haya contratado sus servicios.

No hay país que pertenezca a la OCDE que tenga un sistema educativo parecido al mexicano en varios aspectos, como el número de educandos, de escuelas y de profesores, ni que tenga las condiciones físicas de nuestras escuelas, sobre todo en la educación básica, en la cual las situaciones son en muchos casos lamentables y así lo reflejó el censo que se realizó hace dos años. Además, no creo que haya algún país con tan amplia dispersión de escuelas y tal carencia de maestros; tan sólo recordemos que en la educación básica todavía el casi 30% no tienen un maestro para cada uno de los seis grados. Por supuesto que esta situación viene de años atrás y no se ha podido resolver, pero no se trata de un elevado gasto en educación.

Por otro lado, en materia de financiamiento no creo que, como dice el artículo, sea “una discusión temprana el buscar formas alternativas de financiamiento o incentivar la expansión con modalidades privadas”. La pobreza y desigualdad creciente y palpable en todo el país hacen ineludible que necesariamente sea el Estado el proveedor por excelencia. Además, hasta la fecha no ha sido demostrado plenamente que las escuelas privadas sean mucho mejores que las públicas. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en las universidades.

Sin duda, deben profundizarse más en los temas referentes a la educación superior, porque no es sólo por las “presiones políticas” que tiene tal cantidad de recursos y, a pesar de ello, el gobierno dice que sólo quiere llegar al 40% de atención, lo cual es una vergüenza en comparación con otros países de América Latina. Por cierto, los recursos se reducen en la propuesta para 2017.

Por otro lado, no creo que sean “la demagogia y la ignorancia las que contaminan el análisis del PEF 2017” ni tampoco que haya “oportunismo” en esta discusión. Ni demagogia ni oportunismo, tan sólo de análisis de la realidad educativa.

La preocupación de muchos con respecto al presupuesto educativo es que varias de las reducciones propuestas carecen de sentido. Tan sólo dos ejemplos: el compromiso presidencial de que para 2018 habría 40 mil escuelas de tiempo completo no se va a cumplir y era uno de los más nobles, al proporcionar a los estudiantes una alimentación sana y más horas de preparación. El otro ejemplo se refiere a la ciencia y tecnología, en la que vemos que el presupuesto para Conacyt lo reducen en 23% sin lógica alguna.

Y podríamos poner otros ejemplos que no tienen nada que ver con la demagogia, sino con la preocupación de que, como dice el subsecretario, hay que invertir mejor pero, agregaríamos, también propugnar que se obtenga lo que se necesite para la educación. Y sabemos que tal decisión no está en manos de la SEP.

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