Principal derecho humano

Es muy importante que quede plasmada en la Constitución local la garantía de que los ciudadanos, trabajen o no, contarán con un ingreso básico.

Entre las noticias buenas que los medios han recogido de la redacción del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, se encuentra la que dio a conocer el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, referente a que se está considerando una renta mínima para la capital del país. Según lo escrito hace unos días por nuestro compañero de opinión José Yuste, la idea es generar consumo interno, mercado y demanda en la capital.

Todavía no está claro si es renta mínima o seguro de desempleo, pero, según se sabe, está provocando un gran debate y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha manifestado que ésta no debe existir, proponiendo que se generen más puestos de trabajo con un salario mínimo decoroso, según se menciona en la columna de José Yuste.

Este año está siendo uno, por no decir el más intenso, de opiniones en favor y en contra de lo que hemos denominado en México Ingreso Ciudadano Universal (ICU) o, como se conoce también, Renta Básica o Mínima. Periódicos como The Guardian, The New York Times, The Financial Times, El País, Der Spiegel y, recientemente, The Economist han mencionado el tema como resultado, a mi juicio, de la crisis económica y social que se está viviendo en muchas partes del mundo. Además, hubo el referéndum en Suiza y unas declaraciones muy oportunas del exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis.

El artículo de The Economist ha sido rebatido de una manera contundente, entre otras personas, por la señora Kate McFarland, experta en el tema. Dice que los dos argumentos de la revista inglesa referentes a lo riesgoso que sería implantarla, por un lado debido a la llamada robotización y sustitución del empleo no se ha dado y, por otro lado, sería muy costoso llevarla a cabo.

Estas opiniones, según la experta, no toman en cuenta que hoy en el mundo hay millones de seres humanos que no tienen los mínimos recursos para sobrevivir y que esto es, quizás, el principal derecho humano que los Estados deben garantizar, por lo tanto, se deben encontrar las vías para conseguir su financiamiento.

Una economía como la de Estados Unidos podría darle a cada ciudadano 10 mil dólares al año, si empezaran a colectar impuestos, como lo hace Alemania, y sustituir varios de los costosos y burocráticos programas de apoyo a los pobres que tienen.

Otra de las críticas más comunes se refiere a que la gente dejaría de trabajar, como si el monto que se otorgaría fuera excesivo. Un ejemplo real de que eso no sucederá se ha dado en la provincia de Manitoba en Canadá, donde se aplicó durante unos meses como experimento y las personas, en su gran mayoría, no dejaron de laborar.

Por eso es muy importante que quede plasmada la garantía de que contarán con un ingreso básico, trabajen o no, en la Constitución local, como derecho de todos los ciudadanos de la capital del país. Es verdaderamente iluso pensar, como hace la Prodecon, que la solución es el empleo, cuando cada día vemos a miles de personas de esta ciudad tratando de conseguir uno y, en muchas ocasiones, lo consiguen recibiendo salarios ínfimos que no les alcanza para mantenerse ni sostener a sus familias. Ésta es la realidad de esta ciudad y varias más.

Muchos de los que se oponen al ICU, como bien dice el señor Maurice DeNobrega al comentar el artículo del The Economist, “han nacido favorecidos y no entienden qué es nacer en la pobreza; cuando los niños tienen que dejar la escuela para ayudar al ingreso familiar, cuando decenas de niñas, sobre todo, tienen que prostituirse para comer, cuando los trabajadores tienen que hacerlo casi como esclavos, cuando tienen que hacer la cola en los bancos de alimentos, cuando se les mueren los hijos por no tener recursos para comprar las medicinas o cuando a los trabajadores se les dice en uno y otro lado que son demasiado viejos para obtener el empleo”.

Efectivamente, cuando logremos transmitir la importancia del ICU y se logre implantar no sólo en la Constitución local, sino también en la de la República, seremos una sociedad libre de ataduras y respetuosa del principal derecho humano, que es el de subsistir.

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