“Pupilos de la Nación”

Como una de las consecuencias de la matanza ocurrida en Francia en noviembre del año pasado, ha vuelto a cobrar importancia en ese país una prestación social que, a mi juicio, debería copiarse en todos lados. Se trata de la protección brindada por el Estado a los familiares de los servidores públicos militares o en tareas de policía que fallecen en el desempeño de las mismas.

Francia ha sido ejemplo mundial en muchas cosas y también lo es en este caso. En 1917 se promulgó una ley que creó la oficina de atención a los “Pupilles de la Nation”, que podemos traducir como “Pupilos de la Nación”, es decir, según la Real Academia de la Lengua, los huérfanos menores de edad. Dicha oficina era dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y en sus inicios protegía a los niños, hijos de los militares caídos en la Primera Guerra Mundial, a través de su adopción por parte del Estado, en representación de la nación.

Dicha ley se ha ido modificando, ajustándose a las situaciones de cada época, y así en 1990 incluyó también a los militares víctimas de actos de terrorismo. En 1993 se realizó otra modificación, ampliando la protección para incluir a los hijos de los magistrados, de los miembros de la gendarmería, de funcionarios de la policía nacional, de la administración penitenciaria, de las aduanas y de aquellos civiles o militares que participan en labores de destrucción de material de guerra (minas, misiles, etcétera).

Asimismo, en el curso de estos casi 100 años se han incluido como “Pupilos de la Nación” a los hijos de judíos deportados, a los hijos de los guerrilleros denominados “maquis”, que lucharon contra los nazis y recientemente, la que considero que es una inclusión fundamental, a quienes perdieron a su padre o madre por haber estado en medio del conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los narcotraficantes o terroristas.

Los beneficiarios son los huérfanos de menos de 21 años y aquellos cuyo padre o madre está incapacitado para trabajar por efecto de los combates, ya sea de guerra o de terrorismo. El Estado les brinda subsidios para gastos médicos, para estudiar, para la vivienda, la alimentación y para conseguir un primer empleo, y estos subsidios están exentos del pago de impuestos. Los recursos se entregan a los tutores familiares de los niños o jóvenes. La idea permanente ha sido que no queden desprotegidos.

Incluso, cuando ya han cumplido los 21 años continúan contando con el apoyo, moral y material, de la oficina encargada hasta que logran su inserción en la sociedad. La responsabilidad de determinar quiénes tienen el carácter de “Pupilo de la Nación” recae en un Tribunal Superior, que aprueba o rechaza la petición. Los últimos en ser considerados como tales han sido los 50 niños, hijos de los 130 muertos de los atentados de noviembre pasado.

En México, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un fideicomiso de apoyo económico a los deudos, además de becas escolares para aquellos cuyo padre o madre ha fallecido en el cumplimiento de su servicio, pero sería muy conveniente que lo ampliaran, ya que es por pocos meses e insuficiente.

Me parece que el esquema francés debería ser considerado en nuestro país, tanto por el gobierno como por el Congreso, tomando en cuenta la cantidad de víctimas que han caído, sobre todo por el combate al narcotráfico, sean servidores públicos o civiles, y que dejan a familias enteras sin el sustento necesario para seguir adelante.

En el caso de adoptarse, con las modificaciones que se crean necesarias, les otorgaría a aquellos servidores públicos, militares o civiles, una garantía de que en caso de sufrir incapacidad o muerte, sus familiares estarán protegidos por un buen número de años, sobre todo los niños y jóvenes menores de 21 años, incluyendo a los civiles que mueran por el solo hecho de estar en el momento y el lugar del suceso, sin tener la menor responsabilidad.

Es un acto de justicia de cualquier gobierno el proteger a sus ciudadanos, sean servidores públicos o civiles, sin importar condición social o económica.