Era obvio

Desde hace varias semanas veíamos que no se aprobaría el Sistema Nacional Anticorrupción en el periodo ordinario de esta legislatura. Desgraciadamente, la realidad lo ha confirmado y han corrido ríos de tinta y declaraciones que lo único que provocan, a mi juicio, es mayor confusión.

La mayoría de los comentarios son de desaprobación. Sin embargo, también, hay algunos que tratan de confundir en un tema que debe ser simple, el combate a la corrupción pública y privada. El esfuerzo realizado por organizaciones civiles y ciudadanos en la propuesta de la ley denominada simplemente 3de3 pareciera que fue la causante del fracaso, pero esto es sólo parte de la realidad.

La verdad, como muchos hemos denunciado, es que no hay la voluntad de los políticos de avanzar en este tema, lo cual es lógico si vemos, por ejemplo, que el Partido Verde, que kafkianamente era el principal promotor de la iniciativa, está sumido en la corrupción, y otro de los partidos, Movimiento Ciudadano, por segunda vez vende o permite que el padrón electoral sea público. Por cierto, la primera multa que se le fijó no ha sido pagada hasta hoy, ya que la sigue litigando en los tribunales. ¿No sería ya hora de que se le cancelara el registro?

Lo peor es que el partido en el poder ha agarrado en falso al resto de los partidos bajo el argumento de que eran mayoría. ¿Si esto es así, por qué no promovieron el voto de las siete leyes? Hasta hoy no han contestado los implicados, lo cual demuestra que tampoco están en la disposición de aprobar el sistema.

Pasa lo mismo en otros países. En España, por ejemplo, en donde los dos grandes partidos, el Partido Popular (PP) y el hasta ahora llamado Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tampoco se han querido comprometer con la llamada plataforma de la honestidad, que lo único que pretende es que haya un sistema que ataque frontalmente a este flagelo que corroe a dicho país todos los días, al igual que al nuestro.

Una de las propuestas de la citada plataforma es la protección a los denunciantes, lo mismo que se propone en el artículo 33 del proyecto 3de3. Los denominados

whistleblower, que podemos traducir como aquellas personas que “soplan el silbato” o como me dijo un senador, chivatos. Y este es uno de los grandes temas que en otros países ha dado gran resultado, no sólo político, sino también económico.

El mejor ejemplo de ello es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que los estadunidenses aplican con todo rigor con resultados extraordinarios porque se demuestra que el principal corruptor es la iniciativa privada.

Millones de dólares han recuperado en Estados Unidos con este sistema, a través del cual, como he mencionado en otros artículos, se multa a aquéllos que corrompen en el extranjero y, gracias a ello, muchos denunciantes han recibido parte de lo recuperado.

Lo más sorprendente es que en algunos casos la corrupción se ha realizado en nuestro país y ninguna autoridad ha hecho algo. El caso más sonado es el de la empresa alemana Siemens, que hasta la fecha ha pagado 800 millones de dólares. También tuvo que pagar al gobierno alemán casi 400 millones de euros y nos hemos enterado por la prensa que este mes de mayo ha aceptado pagarle al gobierno israelí 42 millones de dólares por la corrupción habida y reconocida.

En el caso de México, la empresa alemana ha reconocido que le pagó 2.6 millones de dólares a un “consultor político bien conectado”, así lo dice la justicia estadunidense, por la modernización de una refinería, y estuvo involucrado un alto funcionario de Pemex. Esto ocurrió en el 2004 y es el día que no sabemos de alguna acción del gobierno mexicano, el cual tiene todas las facultades para que le informen quiénes son los involucrados, con base en el convenio firmado

con la OCDE para compartir la información. La empresa alemana sigue tan campante haciendo negocios en nuestro país.

Lamentablemente, no se ve que la mayoría de los políticos estén dispuestos a combatir de una manera efectiva la corrupción pública y privada.