Estado de ánimo

Cerca de 300 mil ciudadanos han firmado la llamada Ley 3 de 3 para que el Congreso de la Unión la discuta y, en su caso, la modifique o apruebe tal y como ha sido presentada. Gracias a este esfuerzo se ha mantenido vigente la indignación que tienen millones de mexicanos sobre la corrupción rampante en nuestro país.

Incluso, quizás por vez primera, el sector empresarial ha reconocido su participación, a raíz de la intervención de hace unos días del presidente Enrique Peña Nieto, donde claramente les dijo que eran parte importante de ella. Según el presidente de la Coparmex, erradicar el fenómeno llevará décadas y corregirlo corresponde a cada quien. Sin duda corresponde a cada quien poner su granito de arena, pero mayormente corresponde al Estado en su conjunto avanzar en su erradicación.

Y cuando hablamos del Estado nos referimos a los órganos de gobierno, incluyendo a los partidos políticos, y es aquí donde, a mi juicio, se encuentra el principal problema para que logremos avanzar en la eliminación del fenómeno.

Si uno ve la realidad mexicana sobre la corrupción, por momentos cree que estamos frente a una película de Luis Buñuel. Para empezar, tenemos que el partido impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de uno de sus senadores, es el Partido Verde, que ha sido uno de los principales violadores del sistema de financiamiento político. Incluso, tuvo que irse rápidamente uno de sus principales miembros, quien había sido designado subsecretario de Gobernación como compensación política, a raíz de la petición de la Fepade de que se le detuviera y, por supuesto, la PGR se negó y ahí se acabó el asunto.

Para seguir con ese gran director de cine, hay varios exgobernadores y actuales gobernadores de diferentes estados que han sido denunciados por actos de corrupción y hasta la fecha, con la excepción del que fuera gobernador de Tabasco, ningún resultado ha habido; y hay que tomar en cuenta que corrupción no es sólo robar, sino también desviar recursos públicos, como es el ejemplo claro del actual gobernador de Veracruz en su litigio, si así lo podemos llamar, con la Universidad Veracruzana, y otros temas que han salido a la luz y hasta la fecha sigue tan campante.

Y por cierto, también es corrupción el promoverse con recursos públicos, como hacen los gobernadores del Estado de México y Chiapas, que todos los días publican fotos de ellos como actores principales en cualquier ceremonia. A esto se llama claramente desviación de recursos públicos para beneficio privado.

La película podría continuar con las obras y adquisiciones de casi cualquier empresa pública, ya que pareciera que no existe legislación vigente para combatir la corrupción, y cuando se actúa los que caen son servidores públicos menores quienes son multados e inhabilitados y, por cierto, a la vuelta de algunos años ganan la mayoría de los juicios.

Todos los años la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de sus obligaciones, rinde su informe sobre las cuentas anuales y muestra el desastre que existe, los medios de información se desgarran las vestiduras y al poco tiempo pasa el informe y se acabó.

A principios de este mes, en un magnífico artículo sobre el tema publicado en El País y refiriéndose a su país, Joaquín González-Herrero afirmaba, le queda muy bien a México, “la red de intereses creados, la maraña de ocultos pasadizos entre el poder y la economía, sugiere que la política vive y se alimenta de la corrupción a la que termina inevitablemente por servir. Se piensa que nunca tantos robaron tanto”. Para este académico, el nudo gordiano del problema es la financiación de los partidos políticos.

Las resoluciones del INE sobre este tema le dan la razón a González-Herrero, y a muchos que pensamos cómo es que con los políticos que están en el gobierno y el Congreso, y que varios de ellos han sido cachados en actos de corrupción incluso con grabaciones, van a poner al día la lucha contra este flagelo. Lo que tienen que tomar en cuenta es que la “indignación se ha convertido en estado de ánimo generalizado”.