Instrumento exitoso
Las principales denuncias se concentran en engaños por parte de las empresas para evadir al fisco, oferta de sobornos a servidores públicos, nacionales o extranjeros.
La ley denominada “Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank”, firmada por el presidente Obama en julio de 2010 y promovida por los senadores demócratas Chris Dodd y Barney Frank, ha sido una de las más importantes del periodo del actual Presidente estadunidense, ya que surge como una respuesta a la crisis bancaria de 2008, permitiendo, entre otras cosas, monitorear las prácticas bancarias y dividir las funciones de los bancos comerciales y los bancos de inversión, cuya mezcla fue una de las principales causantes de la crisis.
Uno de los instrumentos más novedosos e importantes de dicha ley fue el establecimiento de los incentivos y la protección para los whistleblowers, que podemos traducir como quienes “suenan el silbato”, es decir, para aquellas personas que denuncien actos de corrupción en las empresas o el gobierno. El dinero que pueden recibir varía entre 10% y 30% de las sanciones aplicadas y cobradas por el gobierno a través de la Comisión de Valores.
Esta comisión creó la oficina del whistleblower y este mes ha publicado ya su informe de actividades correspondiente a 2015.
En dicho informe se destaca que en el transcurso de este año se han recibido cerca de cuatro mil denuncias o tips, lo cual ha significado un incremento de 8% con respecto de 2014 y 20% respecto de 2013. Las denuncias han llegado de todos los estados de la Unión Americana y el distrito de Columbia y, adicionalmente, de 61 países, destacándose las denuncias provenientes de Gran Bretaña, Canadá, República Popular China, India y Australia.
Los estados con mayor número de denuncias han sido California, Texas, Nueva York y Nueva Jersey, pero de cada uno de los estados restantes se han recibido cuando menos 20 denuncias.
Por lo que respecta a los países, se informa que de la Gran Bretaña se han recibido 72 denuncias, de Canadá 49, de China 43, de la India 33, y de América Latina destacan Brasil con 14, México con 13 y Chile tiene 11 denuncias. Desde que empezó el programa se han recibido denuncias de 95 países, lo cual es muestra de su éxito, según el criterio de los encargados de la oficina.
Las principales denuncias se concentran en engaños por parte de las empresas para evadir al fisco, oferta de sobornos a servidores públicos, nacionales o extranjeros, y manipulación de los mercados.
La Comisión de Valores de Estados Unidos ha pagado más de 54 millones de dólares a 22 personas, tanto de origen norteamericano como de diversos países. Este año se ha entregado la mayor recompensa a una persona de origen extranjero, gracias a la cual la empresa francesa Alstom pagó cerca de 900 millones de dólares por infringir la ley y corromper a funcionarios de varias partes del mundo. El denunciante obtuvo como recompensa 30 millones de dólares, la más alta desde la creación de la ley.
La ley impide saber la identidad del denunciante, ya que la protección del mismo es una parte importante para que el programa tenga éxito. Para este buen resultado también ha servido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), misma que también puede sancionar a las empresas y personas que corrompen a funcionarios de cualquier país.
Como hemos escrito en otras ocasiones, los estadunidenses han hecho de la denuncia de la corrupción no sólo su combate sino, además, un gran negocio, que no comparten de manera alguna con los países donde ocurren los hechos. Sería conveniente que, por ejemplo, las autoridades mexicanas tuvieran conocimiento de aquellos hechos denunciados en los que se mencione a servidores públicos mexicanos, para también participar en la investigación y, en su caso, recibir parte de la multa que se les fije, ya que en última instancia los afectados y los hechos acontecen en nuestro país.
Quizá también sería conveniente que se estudiara la posibilidad de crear una oficina parecida, tomando en cuenta el éxito obtenido en tan sólo tres años de operación del instrumento jurídico comentado.
