Negocio con la corrupción

Las autoridades estadunidenses son una caja para recibir millones de dólares por la corrupción que se comete en cualquier lado.

Estados Unidos, que es el policía del mundo, ahora también lo es en materia de combate a la corrupción o, mejor dicho, ha sabido encontrar la forma de obtener recursos económicos sin mayor problema, gracias a las acciones ilegales que, por todo el orbe, hacen las empresas privadas.

Las autoridades estadunidenses han afinado sus procedimientos y actualmente son una caja para recibir millones de dólares por la corrupción que se comete en cualquier lado, con excepción de su territorio. Con su Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) que supervisan, tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no hay semana que pase sin que suene la campana de la caja registradora.

El método es muy sencillo: investigan y, si encuentran algo, le dicen a la empresa que pague una multa o se le prohíbe operar en Estados Unidos. Hasta hoy, todos han pagado con el sistema de “coopelas o cuello”, diríamos en México.

Según el último informe del blog de la FCPA al mes de septiembre, se hallan bajo investigación 79 empresas y otras 63 se supone lo estarán pronto. Entre las investigadas se encuentran varias compañías farmacéuticas que operan en nuestro país, como las denominadas AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, etcétera. Asimismo, algunos bancos, como JP Morgan Chase y Goldman Sachs; de América Latina se encuentra Petrobras.

De manera adicional a esa lista de investigaciones, esta semana se acaba de publicar otra sobre en qué países y cuántas investigaciones hay en proceso. Son 46 los países mencionados, y quien lidera el listado con 29 investigaciones es la República Popular China, le siguen Brasil con 15, Rusia con ocho y la India con seis. Nuestro país, según el informe, tiene tres indagatorias en proceso, lo mismo que Alemania, Italia y Argentina.

También, esta semana se publicó el tercer informe trimestral de acciones concretas, tanto de multas recibidas como denuncias, sean civiles o penales, de personas involucradas en los hechos corruptos.

Desde enero pasado, la información destaca los casos de la llantera Goodyear, que aceptó pagar 16 millones de dólares por haber corrompido, a través de sus subsidiarias en Angola y Kenia, para aumentar las ventas. Otra empresa, denominada PBSJ, pagó cuatro millones de dólares por sobornar a servidores públicos de Qatar para ganar contratos. La empresa BHP Billiton entregó 25 millones de dólares al comprobarse que había sufragado los viajes de funcionarios de diversos países a la Olimpíada de Beijing, con todos los gastos cubiertos.

En el mes de julio pasado, la farmacéutica Mead Johnson pagó 12 millones de dólares por corromper a médicos en los hospitales públicos de China y, la semana pasada, otra farmacéutica, Bristol-Myers Squibb, pagó 14 millones de dólares por haber violado la FCPA también en China, sobornando a funcionarios con dinero, joyas, comidas, viajes e incluso pagándoles todos los gastos a conferencias. Adicionalmente, también tuvo que pagar 500 mil dólares de intereses y 2.75 millones de dólares como demanda civil.

Y así nos podríamos seguir con más y más casos. Como vemos, las empresas corruptas no paran de serlo y hacerlo, con tal de ganar los mercados, y las autoridades estadunidenses han encontrado un filón de oro con esta ley. Lo más sorprendente es que ningún país afectado les haya pedido a los americanos parte de las multas, pues en última instancia los hechos no ocurrieron en el territorio del país vecino.

También sería conveniente que se informara a los países quiénes son los servidores públicos que fueron corrompidos, para poder ejercer las acciones que corresponden a cada gobierno, porque si no, nos quedamos en el peor de los mundos, sabiendo que hubo corrupción y sin saber quiénes la practican.

Recordemos los casos de Siemens en Pemex y Walmart en el Estado de México. Se ha demostrado la corrupción; han pagado por ella en Estados Unidos y el gobierno estadunidense sabe quiénes son los involucrados, mientras que el gobierno mexicano, supuestamente, no lo sabe.

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