Derechos humanos y corrupción

En el mundo desarrollado se está discutiendo una idea que, por las implicaciones que tiene, sería muy conveniente estudiar y no desecharla a priori. Se trata de incluir como un derecho humano la eliminación de la corrupción pública.

Esta idea fue presentada en el año 2012, en el Foro Mundial de Gobernanza, por el abogado Matthew Murray, quien ha dedicado parte de su vida a trabajar en áreas de lucha contra la corrupción. Posteriormente, junto con el académico Andrew Spalding y el apoyo de las ONG Brookings Institution, de Estados Unidos, y Zaostreno, de la República Checa, presentó un documento en el Foro Mundial de Gobernanza 2014, celebrado en Praga, el cual considero muy interesante comentar.

Los autores argumentan que en las leyes internacionales e incluso nacionales, la corrupción de los servidores públicos no se considera como una violación a los derechos humanos, pero a partir de los conflictos que hemos visto en diferentes partes del mundo se está llegando al consenso de que la corrupción es perniciosa, estructural y que, definitivamente, es un obstáculo para el crecimiento económico de las sociedades, amén de ser una amenaza a la seguridad global.

Asimismo, hacen un análisis y encuentran que desde los tiempos del filósofo John Locke, los pensamientos de Confucio en China e, incluso, la jurisprudencia islámica se consideraba que la eliminación de la corrupción pública era el primer principio del buen gobierno. Si bien no se mencionaba literalmente la palabra corrupción, sí hablaban de las virtudes que deben tener los buenos gobernantes.

Uno de los puntos esenciales de la propuesta es que en la actualidad la corrupción pública es entendida como una forma de violar los derechos humanos, sin embargo, no es considerada como una violación directa a los mismos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no incluye la eliminación de la corrupción pública como uno de los derechos enunciados, por lo que los autores consideran que si bien hay tres generaciones de derechos humanos, la primera referida a los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y religiosa; la segunda, que habla de los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la propiedad, la educación y la salud, y la tercera, que se refiere a los derechos de solidaridad, como el derecho a la paz, al desarrollo y al medio ambiente, sería necesario hablar de otra generación de derechos humanos, en la cual la eliminación de la corrupción fuera considerada como tal.

Señalan que la globalización permitiría hacerlo, ya que nadie podría estar en contra de tener gobernantes que no robaran, considerando que, según los estudios, el costo de la corrupción es de más del 5% del Producto Interno Bruto global, es decir, 2.6 trillones de dólares, de los cuales los gobernantes corruptos se llevan más de un trillón.

Indican que, en los pasados 20 años, numerosos presidentes, primeros ministros y líderes políticos han sido retirados de sus cargos por haber realizado actos corruptos. Podríamos mencionar, como ejemplo, el último caso suscitado esta semana en Guatemala, donde la Suprema Corte de Justicia le quitó el fuero al mismísimo Presidente de la República para ser juzgado por un hecho de corrupción.

Como dice el filósofo Ronald Dworkin, los derechos humanos son triunfos, y es necesario que la comunidad internacional considere la eliminación de la corrupción como un derecho humano, y otro triunfo, y que presione a los gobiernos a impulsar leyes que, en realidad, sean aplicables para proteger a los ciudadanos de la extorsión de los servidores públicos.

El gran reto es conseguir que la comunidad internacional estipule que la corrupción constituye una ofensa seria para los ciudadanos, por lo cual su eliminación debe ser considerada como un derecho humano fundamental e inalienable.

Lograr lo anterior permitiría mandar un mensaje claro y contundente, tanto a las víctimas como a los perpetradores que la realizan desde sus puestos gubernamentales.