Cumplir o ceder

Este mes, en una de sus frecuentes visitas a México, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, presentó un informe sobre la necesidad de llevar a cabo una segunda ola de reformas para cerrar la brecha de desigualdad y fortalecer el Estado de derecho, lo cual, dijo, requiere de un combate serio y decidido contra la corrupción.

A su vez, la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su tradicional Índice de Percepción de la Corrupción en el mundo, donde nuestro país queda muy mal parado, no sólo en comparación con los países miembros de la OCDE sino contrastándolo con otros de América Latina.

Al gobierno le pareció excelente aprovechar la visita del secretario Gurría para firmar un acuerdo sui generis, mediante el cual el organismo internacional nos hará el favor de supervisar dos proyectos de infraestructura: uno, es el nuevo aeropuerto que, según palabras del propio secretario Gurría, será la obra de infraestructura más importante de la presente administración y que, por cierto, no se acabará de construir en este sexenio. Según él, los ojos del mundo estarán puestos en este trascendental proyecto, agregando que “tenemos que demostrar que en México se hacen bien las cosas”. El otro proyecto que vigilarán será el nuevo concurso del tren a Querétaro, previamente cancelado por sensibilidad.

Habría que hacer varias observaciones a este tan publicitado acuerdo. En primer lugar, la declaración de que “tenemos que demostrar” ¿a quién se refiere?, ¿a los servidores públicos mexicanos o a los representantes del organismo multinacional?; en segundo, parecería una rendición de las autoridades mexicanas, que implícitamente reconocen que no pueden garantizar que los concursos de obra o adquisiciones en nuestro país se realicen conforme a las leyes vigentes sin corrupción y, por ello recurren a un organismo internacional para generar credibilidad.

Por otro lado, ¿de dónde viene la experiencia de la OCDE en esta materia? Y lo que es peor, resulta que las empresas más corruptoras del mundo son originarias de países orgullosamente miembros de dicha organización, y a pesar de haber firmado todos un acuerdo en contra de la corrupción muchas de sus empresas han sido sancionadas fundamentalmente en Estados Unidos, con base en su Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Es más, dos de las que se dice iban a participar en el concurso del tren a Querétaro, Alstom y Siemens, han sido obligadas a pagar millones de dólares por corromper a funcionarios extranjeros.

Es muy peligroso que las adquisiciones y las obras gubernamentales se dejen en manos de organismos multilaterales, ante la debilidad de las autoridades para supuestamente garantizar un manejo honesto y creíble. Además, ¿por qué sólo los invitan a participar en estas dos obras?, ¿por qué no de una vez que revisen las obras que van a realizar Pemex, la CFE, e incluso los concursos de la llamada Ronda Uno?

O es que sólo se presume corrupción en las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual es absurdo. Una vez más, estamos frente a una confusión entre  las obligaciones y las notas de prensa.

Si en este país simplemente se aplicaran las leyes vigentes y las dependencias públicas las cumplieran a carta cabal y no buscaran salidas fáciles, y en caso de desviaciones la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República actuaran, no se necesitarían nuevas, y por lo que se lee complicadas, reformas ni mucho menos de extranjeros que vengan a decirnos cómo hacer los concursos.

Es lamentable que ante la crítica sobre la corrupción imperante y la falta de transparencia, mucha de ella exagerada, ahora se recurra al argumento mediático de meter en el tema a la OCDE, y si ésta no resulta les queda solicitar el apoyo al Banco Mundial, al Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional.