Urge la decisión

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de publicar un estudio intitulado “Soborno en el extranjero”, y se trata de un análisis de la corrupción de los servidores públicos en varios países, sean o no miembros de dicha organización.

Es el primer estudio que hacen sobre el tema y, según los investigadores y redactores del mismo, es apenas la punta del iceberg de un fenómeno que en la OCDE conocían pero desconocían su dimensión. Abarca 427 casos de 41 países que van desde 1999, año en que entró en vigor la Convención para Combatir el Soborno de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Internacionales, hasta junio del presente año.

La citada Convención obliga a los países firmantes a considerar el soborno o el cohecho como un delito grave y que debe perseguirse con todos los instrumentos legales al alcance de los gobiernos para lograr que las adquisiciones y las obras públicas sean sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

El análisis se basa en los datos proporcionados por las autoridades del combate a la corrupción de 17 países que exitosamente concluyeron casos de corrupción de servidores públicos en los 41 países.

Entre los datos que se aportan se encuentra que dos terceras partes de los sobornos pagados a servidores públicos han sido en países con un alto grado de desarrollo humano, de acuerdo a la clasificación de las Naciones Unidas. Este dato desmitifica que los corruptos sean sólo de países pobres o países del llamado despectivamente “sur”, ya que entre los más destacados por este hecho se encuentran: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia e Israel. Por supuesto, entre los casos de corrupción se halla también nuestro país y varios de América Latina y África. Hasta ahora, sólo se salvan unos cuantos países sin reporte de casos.

Otro dato importante es que en más del 40% de los mismos fueron altos empleados de las empresas privadas quienes autorizaron los sobornos, incluso en el 12% fueron los propios presidentes de las compañías los que participaron.

Dos terceras partes de los actos de corrupción se presentaron en cuatro sectores: industria extractiva con el 19%; construcción con el 15%; transporte y almacenamiento con otro 15%, e información y comunicación con el 10 por ciento. Como sabemos, en estos cuatro sectores nuestro país pretende hacer grandes operaciones, por lo que habrá de tenerse un mayor cuidado en los concursos que se realicen.

También, y como era lógico, el 27% de los corrompidos han sido servidores públicos de las empresas estatales; el 11 por ciento han sido de aduanas, e incluso el 5% de quienes  recibieron sobornos, han sido jefes de Estado o ministros.

En materia de sanciones por estos hechos, se informa que Estados Unidos ha procedido en 128 casos, Alemania en 26, Corea en 11, y 14 países más han sancionado al menos un caso. Hasta la fecha, nuestro país no ha procedido en contra de alguno de los casos que se han reportado.

La OCDE recomienda varios temas a considerar por los países firmantes de la Convención. En primer lugar, tomar en cuenta que el mayor número se encuentra en las adquisiciones públicas, con casi un 60%, por lo que se necesita mayor integridad de quienes organizan y deciden los concursos, además de mayor y mejor transparencia de todo el proceso.

De la misma manera, es necesario que las sanciones se incrementen y se proceda penalmente en todos los casos para enviar mensajes claros de que no hay tolerancia al soborno.

Este tipo de análisis, que será realizado año con año, confirma la urgente necesidad de que en nuestro país ya haya una decisión clara, no sólo sobre el órgano encargado del combate a la corrupción, que por cierto va más allá de la designación de un fiscal, sino para entender que es un fenómeno complejo que requiere la mayor atención del Estado mexicano en su conjunto, en el cual hasta la fecha ha sido omiso.