Obsolescencia programada

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano de consulta de la Unión Europea y del Consejo de Ministros de la Unión, que tiene por objeto dar opiniones para asegurar que las políticas y la legislación que se aprueben estén acordes con las condiciones económicas y sociales de los países miembros. Cada día el CESE tiene mayor importancia y sus 350 miembros de todos los países que forman la Unión Europea son más considerados.

El año pasado, ante la preocupación de millares de personas en Europa y, valga decir, en el resto del mundo, sobre lo que la industria estaba haciendo con su productos, mejor conocido como “obsolescencia programada”, efectuaron un estudio con un proyecto de dictamen de iniciativa, denominado: “Por un consumo sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza”.

En el citado estudio se explica que la obsolescencia programada consiste en prever una duración de vida reducida del producto, si fuera necesario mediante la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil después de ser utilizado por un determinado número de veces, con el único objetivo de inducir la compra de otro supuestamente mejor, cosa que muchas veces no ocurre.

Actualmente, miles de aparatos en todo el mundo son echados a la basura porque resulta demasiado caro arreglarlos o, lo que es peor, es imposible hacerlo. Es conocido el caso de las tabletas con la batería integrada que no es factible cambiar o muchos aparatos que traen tornillos que sólo dan vuelta para cerrar y nunca se pueden abrir.

Cuántas veces hemos visto, o incluso nosotros hemos tenido que tirar máquinas eléctricas de afeitar, cafeteras, microondas, lavadoras, etcétera, ya que no es posible arreglarlas, aunque su uso no haya sido mayor a cuatro o seis años. Y no digamos las tabletas o los teléfonos celulares, que están casi programados para que duren cuando mucho dos o tres años. A mediados del siglo pasado varios de esos aparatos duraban el doble y se les podía reparar, lo cual además creaba empleos que han desaparecido.

El CESE ha considerado que esta política de abuso por parte de las empresas debe de acabar porque, además, el consumo de materias primas de los europeos es de 60 mil millones de toneladas anuales, y mientras cada europeo consume 43 kilos de recursos al día un africano consume diez kilos. Si este ritmo de consumo crece aunque sea al 2% anual, nos enfrentaremos a que, en no más de 30 años, las reservas de cobre, plomo, níquel, plata, estaño y zinc se habrán acabado. Se calculó que para 2012, gracias a este sistema de obsolescencia programada de la industria, se generaron diez millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, lo cual se convierte en un tema de desastre ambiental para Europa.

La propuesta es que los Estados intervengan con normas claras para evitar los abusos que hoy se tienen por parte de múltiples empresas, las cuales utilizan campañas de mercadeo para que los consumidores perciban como obsoletos los productos existentes. El mejor ejemplo, y lo menciona el CESE, son las tabletas electrónicas, y yo agregaría a los teléfonos portátiles, cuyos fabricantes se preguntan por qué hacer un producto que dure al menos diez años, si ya han dejado la semilla en la población, desde la más joven hasta la adulta mayor, de que hay que cambiarlos cada dos años.

Esperemos que esta iniciativa sea aprobada, a pesar de la labor de cabildeo en contra por parte la industria, y que también en otros continentes, como el nuestro, se pueda adoptar porque, como termina su proyecto el CESE refiriéndose al problema ético, “es difícil de aceptar que se encomiende a un ingeniero tener productos que garanticen un envejecimiento acelerado o que publicistas lancen campañas para incitar a los consumidores a comprar productos, a sabiendas que no aumentarán su nivel de satisfacción”.