Progresividad vs. Desigualdad

Después de una gran discusión, que por su importancia rebasó los espacios del Congreso de la Unión, se aprobaron modificaciones a diversas leyes en materia hacendaria, como son la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Aduanera.

La discusión pública se concentró mayormente en asuntos que, desde el punto de vista económico, no representan gran cantidad de recursos financieros para el Estado; sin embargo, desde el punto de vista mediático tuvieron un papel fundamental. Entre los más destacados fueron los del incremento de un peso a las bebidas azucaradas por litro y el establecimiento de un impuesto a lo que se han denominado “alimentos no básicos con alta densidad calórica”, es decir, botanas y pastelitos.

Esta decisión gubernamental se tomó en función de que, como bien se menciona en el documento de la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, que fue presentado la semana pasada, estamos frente a una emergencia sanitaria causada por el sobrepeso, la obesidad, y las enfermedades no transmisibles, de las cuales la diabetes mellitus tipo dos es la principal y que hoy ya representa cerca de 45% del gasto hospitalario.

Según las autoridades médicas del país, por primera vez en la historia nos encontramos en un escenario donde las futuras generaciones pueden ver reducida su esperanza de vida, si no se atacan estos problemas.

La propaganda de las empresas privadas, tanto transnacionales como nacionales, fue tremenda en contra de la propuesta pero, afortunadamente, los miembros del Congreso no se dejaron y fue aprobada. Según la información publicada, esta medida le generará al Estado, tan sólo por los alimentos de alta densidad calórica, cinco mil 600 millones de pesos, que sumados a los que se obtengan por el aumento de un peso a las bebidas azucaradas, serán destinados, entre otras acciones, al establecimiento de bebederos en las escuelas públicas, activación física, tratamiento de la obesidad y campañas de sensibilización entre la población para adquirir buenos hábitos alimenticios.

Otro de los temas que merece un comentario es el referente a que estas modificaciones legales van en el sentido de construir una Hacienda Pública más justa y progresiva. Por primera vez en muchos años se habla y se legisla en materia de la progresividad, un aspecto fundamental en un país tan desigual como el nuestro. Si bien, todavía falta mucho por hacer, se trata de un gran paso, ya que por un lado reducen de 31 a 30% el Impuesto Sobre la Renta para aquéllos que ganan de 500 mil a 750 mil pesos anuales y por otro, se crean tres nuevos escalones para quienes perciben más, llegando a 35% para quienes ingresan más de tres millones de pesos al año.

Asimismo, dentro de esta política justa para reducir la desigualdad, por primera vez se aprobó gravar con 10% las ganancias obtenidas por la compra-venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual es positivo pues el fisco no tenía la menor participación y algunas de las operaciones realizadas ahí generaron gran indignación entre la población.

Otro tema, que no apareció mucho en la prensa, pero que es de la máxima importancia por la simplificación de trámites y reducción de costos, es el que se refiere a que el despacho de mercancías en las fronteras lo podrán hacer las propias empresas, sin utilizar obligadamente a agentes aduanales.

Las modificaciones legales hacen hincapié en la obligación de las autoridades de transparentar las acciones a su cargo, lo cual va en beneficio del buen gobierno y la necesaria vigilancia de la ciudadanía a los servidores públicos, como ocurre en cualquier nación  moderna y desarrollada.

Esperemos que los resultados de estas acciones permitan al Estado obtener más recursos, mismos que, como se ha apuntado, deben ser destinados a reducir la desigualdad persistente en el país.