Límite al cabildeo

Tarde o temprano, los errores siempre se pagan. Y así está ocurriendo con las empresas dedicadas a lo que en español se ha denominado “cabildeo”, mismas que han demostrado sus excesos, en muchos casos, más allá de lo permisible.

Este tipo de empresas existen desde hace muchos años y son las que, en nombre del sector privado, trabajan para que los diputados y senadores modifiquen las propuestas del Ejecutivo o de las propias cámaras con el fin de favorecer a sus clientes. Todos conocemos de lo que han sido capaces estas empresas en Estados Unidos, haciendo del cabildeo una de las mayores fuentes de corrupción en el legislativo estadunidense.

En esta ocasión, frente a las propuestas del Ejecutivo en materia hacendaria, las cuales son razonables y necesarias para salir con mayor y mejor crecimiento económico, los cabilderos estadunidenses y mexicanos se han empleado rigurosamente en varios temas.

Uno de ellos, quizás el más llamativo, por lo que significa y no por los recursos que generará, es el de los refrescos. Con el fin de combatir la medida de fijar un impuesto a las bebidas azucaradas, causantes de daños comprobados a la salud, los cabilderos se emplearon a fondo, utilizando anuncios a página entera en varios periódicos, los que fueron contrarrestados con otros, también a página entera, de organizaciones de la sociedad civil.

La propaganda de las refresqueras acusa a los que están a favor de la medida de haber sido financiados por el señor Bloomberg. El millonario alcalde neoyorquino ha encabezado en su ciudad la lucha en contra de las bebidas azucaradas, por el daño que representan para la salud de poblaciones enteras, lo cual ha sido confirmado por diversas organizaciones públicas y de salud, nacionales e internacionales. Incluso, en uno de sus anuncios, los cabilderos se dan el lujo de preguntar a los diputados si van a permitir la creación de un impuesto promovido desde el extranjero. Los quejosos son, entre otros, Coca Cola y Pepsi Cola, marcas por supuesto ¡cien por ciento mexicanas! Ante los pobres argumentos de las refresqueras, ayer aprobaron el impuesto; esperemos que lo ratifique el Senado.

Según los medios de comunicación, una compañía de cabildeo con matriz en Estados Unidos ha propuesto que se le pague un millón de dólares por cada artículo que logre eliminar de la ley, que vaya en contra de las empresas privadas. Adicionalmente, cobra 70 mil dólares por conseguir entrevistas con legisladores y cinco mil dólares por cada hora invertida en analizar la legislación. Esta información lleva varios días publicada y no la han desmentido, lo cual da para pensar que se trata de una lamentable realidad.

Todo lo anterior ha sido tan obvio que ha provocado en el Congreso una reacción natural en contra de esos cabilderos. La Cámara de Diputados ha recibido un listado de 507 personas, físicas y morales, que quieren actuar en el Congreso y el próximo 31 de octubre dará la respuesta sobre cuántos admite. La anterior legislatura aprobó la inscripción de 471 cabilderos, que son los que están operando actualmente.

Esta semana, la misma Cámara aprobó la reforma al Reglamento Interior del Congreso, incluyendo como condiciones para desempeñar esa función, que quienes se dediquen a ella no tengan algún parentesco con diputados o con servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, ni que ofrezcan dinero en efectivo o pagos en especie —léase boletos para espectáculos musicales, deportivos o viajes a Las Vegas, entre otros—; además, solamente podrán estar registrados hasta en dos comisiones, de las más de 50 que existen en esa Cámara.

Ahora falta que en el Senado también se legisle y haya una mayor regulación de esa actividad, tan típica del sistema económico vigente y que afecta a cualquier servidor público de cualquier poder y de cualquier orden.

Esperemos que la atinada decisión de los diputados para limitar el cabildeo se extienda a todos los sectores, incluyendo al de la prensa, para elevar la ética en nuestro país.