De la indignación a la denuncia

De acuerdo con los estudios de percepción sobre corrupción realizados por Transparencia Internacional, en 2016 México obtuvo el lugar 123 de 176 países analizados —cayó 28 lugares respecto a los resultados de 2015—. Es el lugar 26 de 32 países americanos y el último entre los miembros de la OCDE. Aunado a esto, el escepticismo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción se ha hecho presente y por ello resulta fundamental ponerlo en funcionamiento.

Si bien la discusión del SNA no fue sencilla y su aprobación no dejó satisfechos a todos, no se deben perder de vista sus avances y nuevos instrumentos. Este nuevo escenario necesita un cambio en la mentalidad de todos los mexicanos: convertir la indignación, en acción; la denuncia mediática, en denuncias jurídicas.

Bajo esta premisa, el 19 de julio, fecha en que entraron en vigor algunos de los nuevos instrumentos para denunciar la corrupción, los Diputados Ciudadanos decidimos ser los primeros en hacer uso de ellos: presentamos una denuncia ante la Auditoria Superior de la Federación por mal manejo de recursos ante las irregularidades en la construcción de la presa El Zapotillo, obra en la que prácticamente se triplicaron los costos; otra contra el gobierno federal por ocultar información sobre sus contratos con empresas de espionaje; y una más ante la Secretaría de la Función Pública y la ASF, por actos de corrupción en la investigación del caso Ayotzinapa, en la que se desviaron recursos públicos, alteraron y sembraron pruebas, manipularon los protocolos de investigación y se torturó a testigos.

En los días siguientes continuamos haciendo uso de estas nuevas herramientas y otras ya existentes: denunciamos opacidad y mal uso de recursos por parte del gobierno federal por las pensiones que se otorgan a los expresidentes, los gastos de la familia presidencial y los contratos con empresas de espionaje; ampliamos la denuncia contra el PRI, por recibir y utilizar recursos de gobiernos estatales en campañas electorales; impugnamos los lineamientos con los que el INE pretende censurar las redes sociales; solicitamos juicios políticos contra jueces que han otorgado amparos a exgobernadores señalados por corrupción, y entregamos a la PGR la demanda presentada en el tribunal de La Haya contra Javier Duarte.

Es cierto que algunos sectores de la clase política están obstaculizando el nacimiento y desarrollo del SNA, posponiendo en el Senado el nombramiento del fiscal Anticorrupción, o el Ejecutivo enviando propuestas cuestionables de magistrados para el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, o postergando la aprobación de la ley que garantice la autonomía de la PGR.

Todo esto e incluso ataques al Comité de Participación Ciudadana del SNA mantienen latente el riesgo de que los partidos intenten secuestrar y desvirtuar al Sistema. Por ello, coincido plenamente con Mauricio Merino cuando señala que debemos “usar las leyes que ya entraron en vigor, para hacerlo a conciencia y de manera colectiva, para llenar de denuncias a los funcionarios y los empresarios abusivos”. La tarea ciudadana es usar las herramientas de denuncia para hacerles frente a las autoridades, poner a prueba a las instituciones y demostrarle a la clase política que no le permitiremos cancelar nuestras vías de empoderamiento y de denuncia.

*Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.