Alarma debía causar
Todos los partidos políticos afirman trabajar en favor de la población vulnerable del país. Con sólo la revisión de las últimas noticias sobre las niñas y los niños de México, es evidente que ¡algo tiene que cambiar! Un rápido resumen: niñas y niños víctimas ...
Todos los partidos políticos afirman trabajar en favor de la población vulnerable del país. Con sólo la revisión de las últimas noticias sobre las niñas y los niños de México, es evidente que ¡algo tiene que cambiar!
Un rápido resumen: niñas y niños víctimas de bullying, que les ha ocasionado hasta la muerte. Niñas y niños maltratados por sus familiares, que ha motivado la intervención de las autoridades y aún no hay claridad sobre su destino. Niñas y niños retenidos en Estados Unidos, que han migrado sin compañía de adultas/os y cuyos derechos brillan por su ausencia. Niñas y niños huérfanos recogidos, algunos depositados por sus familiares en albergues que, por lo que se ha dado a conocer, no respetan el más mínimo de sus derechos.
La fortaleza de una nación está en el trato a sus niñas y niños. Sólo si se les brindan condiciones favorables, un país puede aspirar a la democracia, a la seguridad, a la paz y al desarrollo. ¿Qué pasa que la situación de las y los pequeños es francamente de terror, aun y cuando el artículo primero de la Constitución ya reconoce sus derechos humanos y nuestras/os legisladoras/es han ratificado la Convención internacional de los derechos de la infancia y la adolescencia?
Sabemos que los partidos políticos integran a las y los candidatos para conformar las cámaras. Una vez en ellas, se distribuyen en comisiones. Las comisiones hacen propuestas que deben recoger los postulados de los partidos políticos. Hacer leyes que protejan derechos con base en diagnósticos es un primer e importante paso, que no sirve de mucho si no hay un segundo: la asignación de presupuestos suficientes.
Igualmente importante es la revisión de objetivos y metas de las instituciones que los aplicarán. No se trata de que el/la funcionario/a designado/a decida qué hacer según su parecer. Hay un mandato constitucional, garantizar el acceso a derechos y otro, institucional. En el caso de la infancia y la adolescencia en situación vulnerable, el Sistema para el Desarrollo Integral de la(s) familia(s) es la que tiene el mandato. Por tradición, la esposa del gobernante en turno encabeza el Consejo de Participación Ciudadana de esta institución, que aun cuando es voluntaria, no tiene más opción que hacerlo.
Esto se replica, con múltiples variantes, en cada estado y en muchos municipios. Y es en estas leyes, reglamentos, formas tradicionales, que debemos poner la brújula de la perspectiva de género, la del cuidado y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, y la de los resultados de la investigación en desarrollo infantil, a fin de cambiar el terror por la posibilidad de generar una infancia y una adolescencia con calidad y calidez.
Esto no sólo por las múltiples aristas que nos harían visibles muchas injusticias, sino porque la situación del DIF es tan “extravagante” (por decirlo de alguna manera) que depende de la capacidad de quien lo encabece. Hay unos que cumplen lo mejor que pueden con su encomienda, aunque siempre con insuficiencia presupuestal; pero hay otros que son un escándalo por la forma de asignar sus recursos. Hay desde quien contrata al artista de moda, hasta los que hacen “baile del sombrero”; hay algunos que sólo dedican su exiguo presupuesto al apoyo de las y los niños pertenecientes a pueblos originarios de México, otros, a personas con discapacidad, otros más, intentan lo imposible: atender a más de 50% de la población en condiciones de pobreza con un presupuesto muy menor al que atiende a quienes no viven en esta situación.
*Licenciada en pedagogía y especialista en estudios de género