CDMX: que vuelvan Becerra y Merino y se vayan los diputados
Como legisladora federal, una acaba con gran resentimiento contra Hacienda y contra la actual mayoría parlamentaria que no sabe establecer una relación digna de poder a poder con el Ejecutivo. Los enlaces de Hacienda en la Cámara de Diputados orientan el voto de los legisladores priistas y sus adláteres sin que estos se atrevan a desafiar a la Secretaría ni en temas menores. Una desea alcanzar ya una nueva mayoría parlamentaria para poner las cosas en su lugar, con una sana división de poderes
Pero lo sucedido en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con el decreto presupuestal sobre los recursos del Fondo de Reconstrucción no es una reivindicación justa del Poder Legislativo local frente a la Secretaría de Finanzas y menos frente a la Comisión de Reconstrucción. En lenguaje vernáculo es agandalle puro y duro. En lenguaje jurídico se trata de una clara violación a la separación de poderes en la que tres legisladores locales, dos del PRD y uno del PAN, toman para sí la facultad de asignar en detalle recursos del Fondo de Reconstrucción. Es ilegal. Vuelvo al lenguaje vernáculo: Se la volaron.
Como bien dice Ricardo Becerra en su carta de renuncia: Después del decreto del 31 de diciembre, la Comisión de Reconstrucción, el primer contacto entre los damnificados y el gobierno, resulta superflua, pues la Asamblea Legislativa le hace saber a la Secretaría de Finanzas de la CDMX que “de manera inmediata proceda a aplicar los recursos del Programa de Reconstrucción”, asignados por ésta desde el 31 de diciembre.
La Comisión de Reconstrucción tiene (o tenía) dos prioridades en materia de reconstrucción: La atención inmediata a los damnificados, asistiéndolos en toda la gama de necesidades, desde las jurídicas hasta las físicas, pero también la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía. Pasados unos días del segundo sismo, cuando comenzaron a llegar los donativos y se anunciaron recursos públicos para la reconstrucción, surgieron las dudas y los reclamos sobre el manejo de los dineros. En un país donde los actos de corrupción y la impunidad que los cobija y propicia ocupan los noticiarios día a día, es comprensible y sano que la ciudadanía exija rendición de cuentas y transparencia.
Casi me atrevo a decir que la segunda prioridad, la que busca reconstruir la comunicación sin suspicacias y la confianza entre gobierno y gobernados en la capital de la República, es todavía más importante que las labores de reconstrucción, entendidas en su vertiente práctica de dictamen de daños, demoliciones, remoción de escombros, créditos para nueva vivienda, estudios de suelo, etcétera. Con confianza, los afectados pueden cooperar con la Comisión, pueden entender que quizá haya damnificados en situación más grave que la suya; en pocas palabras, puede crearse una sinergia fértil para las labores de reconstrucción clásicas. Por el contrario: Sin confianza, todo resulta infinitamente más difícil.
De ahí que la conformación de la Comisión de Reconstrucción haya tenido el acierto de incluir a especialistas en ingeniería de gran valía, como Sergio Alcocer, y a una figura tan prominente en la lucha contra la corrupción, como Mauricio Merino. Al hacerlo así, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometió con que las labores de reconstrucción fueran transparentes y verificables. Al nombrar a Ricardo Becerra, alguien que ha dedicado toda su vida a dos batallas: Por la democracia y contra la desigualdad, el mensaje era que las labores de reconstrucción tendrían a los capitalinos afectados en el centro de todos los proyectos, programas y labores. Los damnificados al centro, no lo que imaginan los legisladores o lo que quieren en época de elecciones.
Con el agandalle de la Asamblea Legislativa y las renuncias del comisionado Ricardo Becerra, del subcomisionado para Transparencia, Mauricio Merino, y de la subcomisionada Katia D’Artigues (más los que se acumulen), los diputados firmantes del decreto ponen en el paredón la emergente relación de confianza que venía creando la Comisión con los capitalinos, una labor lenta, pero infinitamente más segura y eficaz que gobernar por decreto.
La Asamblea Legislativa debe dar marcha atrás antes de que se desencadenen las consecuencias jurídicas de una clara violación a la separación de poderes y a la Ley sobre Reconstrucción. Mejor reconocer el error, antes que otro poder los obligue a rectificar. El jefe de Gobierno cuenta también con un abanico de soluciones: debe hacer uso de ellas, pues ha sido el artífice de una propuesta democrática y transparente para la conformación incluyente de la Comisión de Reconstrucción. Soy diputada externa del PRD, votante de ese partido y feliz participante en #PorMéxicoAlFrente, pero eso no me impide señalar errores y ofrecer soluciones. Aquí no se reserva la información. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx