¿Es la Constitución de la CDMX un proyecto comunista?
Terminada la Guerra Fría, demostrado con creces el fracaso del socialismo, es de esperar que muchos jóvenes no sepan qué es eso de “comunista”. Les ahorro ir a Wikipedia y lo explico en pocas palabras: es una sociedaden la que no existe la propiedad privada porque el Estado se ha apropiado de los medios de producción: fábricas, campos agrícolas, pozos petroleros, líneas eléctricas, compañías telefónicas, etcétera, todo está en manos del Estado y su partido.
Ni una sola de esas sociedades ensayadas, desde 1917 con la Revolución Rusa, resultó en proyectos sustentables. Por el contrario, se erigieron en dictaduras: algunas culpables de crímenes contra la humanidad, otras culpables de la opresión y la infelicidad de sus ciudadanos. Pues bien: ni una brizna de esos planteamientos, ni una sombra de esas ideas colectivistas por decreto, ni una coma de un proyecto autoritario y expropiatorio están contenidas en el proyecto de Constitución presentado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
El proyecto que anima a la iniciativa del jefe de Gobierno es el que está presente en la reforma al artículo primero constitucional realizada en 2011, que en vez de “otorgar” garantías individuales como decía el texto original, reconoce derechos inherentes a la persona sólo por el hecho de serlo. El nuevo artículo primero hace del respeto a estos derechos y del principio pro persona la regla de oro transversal a toda la Constitución federal. El artículo 1ro constitucional reformado mandata que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
¿Pero en la práctica se garantizan los nuevos derechos reconocidos por la reforma de 2011? Mientras que en el artículo cuarto constitucional se afirma etéreamente que el Estado garantizará el acceso a un medio ambiente sano, a una alimentación nutritiva o al agua potable, en la iniciativa de Miguel Ángel Mancera se propone un modelo de exigibilidad y cumplimiento de esos derechos. Es un modelo progresivo que empodera al ciudadano e impone al gobierno capitalino incentivos para reducir la impunidad, cumplir con lo prometido y apegarse a reglas de buen gobierno. Propone un modelo de exigibilidad y cumplimiento paulatinos, con metas acordadas consensualmente entre autoridades, representantes populares y sociedad civil, que eduque tanto al ciudadano como a las autoridades, un modelo, por cierto, que ya se practica con éxito en Colombia.
Lo que al parecer ha despertado temores es el artículo 21 del proyecto para la CDMX que dice: “Esta Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad”, redacción que se deriva del artículo 27 constitucional que plantea que la propiedad privada podrá tener las modalidades que dicte el interés público. Esta redacción tiene que leerse tomando en cuenta que sigue al Título sobre el derecho a la Ciudad, propuesta internacional desarrollada desde la primera conferencia de la ONU sobre hábitat y que desencadenó un importante proceso de reflexión en la CDMX que culminó con la Carta del Derecho a la Ciudad. También sigue al artículo 20, que establece la necesidad de la planeación urbana a largo plazo —20 años— junto con planes sexenales. Es decir, serán los ejercicios de planeación urbana los que definan cómo y hacia dónde debe desarrollarse la ciudad para ser un proyecto sustentable. El ejercicio de planeación deberá contar con consultas con expertos, así como participación ciudadana y transparencia. Esto quiere decir que la propiedad privada de vivienda y de bienes inmobiliarios será respetada e incentivada precisamente para cumplir con el derecho a la vivienda de toda familia o ciudadano, al tiempo que tendrá que sujetarse —como sucede en toda gran ciudad— a normas urbanas, de construcción, respeto al medio ambiente etcétera, que tengan como prioridad la salud, belleza y funcionalidad de la ciudad, es decir, el interés público.
Por supuesto que en la iniciativa hay propuestas polémicas. Yo, en lo particular —y a diferencia de la iniciativa—, veo positivo que la iniciativa privada participe en la recolección y procesamiento de residuos sólidos. Lo importante es que cada artículo de la próxima Constitución tendrá que aprobarse por al menos 67 de 100 diputados, que puliremos y corregiremos cuanto sea necesario para que sea un proyecto del cual se sientan orgullosos los habitantes de la Ciudad de México. Lo prometo. Y nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx