Aprendiendo quebrados con Hacienda
La proporción entre la deuda total del sector público y el Producto Interno Bruto (PIB) llegará en 2017 a 50.2% y un solo coronacional, casi unánime, pide austeridad draconianaen el presupuesto del gobierno para que se reduzca esa proporción.
El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, y en esto no hay diferencia entre el antiguo titular y el nuevo, nos quiere convencer de que sólo hay una manera de mejorar esa proporción y ésta consiste en reducir el nominador, es decir, el tamaño de la deuda, haciendo cortes draconianos en el presupuesto público para poder pagar más deuda.
En realidad, una proporción de 50% de la deuda con respecto al PIB es, comparada internacionalmente, muy manejable. Lo preocupante más bien es la velocidad con la que ha crecido la deuda en comparación con el crecimiento letárgico de la economía, el tamaño tan pequeño de la recaudación fiscal con respecto al PIB (otra proporción que nos da apenas 13.4%) comparada con economías similares, la proporción con respecto al PIB tan pequeñita que el sistema bancario destina al crédito productivo, la caída en la inversión en infraestructura por parte del sector público y la constante disminución de la masa salarial (los aumentos en los números de la ANTAD se explican por el efecto de la devaluación del peso en las remesas, no por mejoras salariales sustanciales).
Pero aproximadamente en cuarto de primaria aprendimos que otra manera de disminuir una proporción dada es aumentar el denominador, es decir, el PIB. La propuesta de Hacienda va a hacer más lenta la reducción de la proporción deuda/PIB porque, inevitablemente, va a llevar a una disminución del crecimiento económico. La organización México ¿cómo vamos? documenta una caída sin precedente en la tasa de crecimiento de la inversión del sector público año con año, con la excepción de 2013. La inversión privada también es fundamental, pero en años de incertidumbre económica global y en áreas de inversión en infraestructura, con proyectos de largos años de maduración, la inversión privada siempre sigue a la inversión pública.
En febrero de 2014, el entonces titular de Hacienda dio a conocer un Acuerdo para la Certidumbre en Materia Tributaria. En éste, Luis Videgaray prometía no aumentar tasas de impuestos existentes ni crear nuevos. Sin embargo, en el sexto punto, afirmaba: “el Ejecutivo federal sólo propondrá modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario”.
Para finales de 2014, el precio del petróleo caía precipitadamente y la plataforma petrolera continuaba encogiéndose como en aquella película de Querida, achiqué a los niños. De febrero de 2014 a este septiembre, el valor del peso con respecto al dólar devolucionó de 13.40 a 20.00, una pérdida aproximada del 60 por ciento. ¿No son estos datos “eventos macroeconómicos sustanciales” que hacen necesario revisar la promesa de no aumentar impuestos o cambiar la estructura impositiva?
Los impuestos se pueden revisar hacia abajo y hacia arriba. En el primer caso, disminuir impuestos a las clases C y D, que ganando apenas dos salarios mínimos mensuales ya pagan un ISR de 6.40%. E incentivar la inversión productiva y también el consumo dando marcha atrás a ciertos excesos de la reforma de 2013-2014, por ejemplo, aquel que no premia la depreciación del capital fijo.
Pero los impuestos también se pueden revisar hacia arriba progresivamente. Se infiere por los datos anonimizados del SAT investigados por el Inegi para entender el decil más rico de la población que éste tiene una estructura muy desigual. Así resulta injusto aplicar una tasa del ISR anual de 35% a familias con ingresos que van de los tres a los 500 millones anuales. Por ejemplo, se estima que para 2014 había dos millones de hogares con ingresos anuales de entre uno y tres millones de pesos, que deben pagar una tasa del 34%. Hay 173 mil familias que ganan 3.4 millones anuales. 88 mil familias que ganan un promedio anual de 4.5 millones; 52 mil familias que ganan 5.5 millones anuales; 55 mil familias con ingresos de 6.8 millones anuales; 27 mil familias con ingresos de 8.9 millones; 28 mil familias con ingresos de 12 millones anuales; diez mil familias con ingresos de 17 millones al año; siete mil 800 familias que ganan 24 millones al año; cuatro mil familias con ingresos de 37 millones al año; casi dos mil hogares con ingresos de 66 millones y así hasta llegar a 16 familias con ingresos mayores a los 500 millones.
Un aumento moderado del ISR a partir de un ingreso de tres millones anuales, por ejemplo, podría afectar a pocas familias del total nacional, menos del 2% y, sin embargo, rendiría más de diez mil millones extra, según el escenario que se decida. De tal manera que, por una parte, disminuirían algunos ingresos de Hacienda al tiempo que se incentivaría la inversión y el consumo y, por otra parte, se generarían nuevos ingresos tributarios. También habrá que ahorrar, pero no en aquello que nos incentive a crecer. Y los que sepan resolver quebrados, nos vemos en Twitter: @ceciliasotog, en Facebook: fb.com/ceciliasotomx
