Confianza, inmunidad y un Ministerio Público autónomo

La clave tiene que ver con romper, debilitar y desestabilizar el pacto indispensable entre quien corrompe y quien acepta corromperse. Uno de estos elementos está en los programas de inmunidad, testimonio protegido o delación premiada que lleva a cabo la Cofece y que ofrecen protección, eliminación o disminución del castigo y de las multas a quien o quienes inicien o complementen la denuncia de actos de violación a la ley. En el caso de la Cofece, específicamente violaciones a la Ley de Competencia.

Pero del hecho de que estas figuras de testimonio protegido o delator premiado estén en la ley, no se sigue automáticamente que se rompa el pacto entre quienes proponen y aceptan actos de corrupción. Para que ello suceda, la autoridad tiene que haber demostrado que persigue con eficiencia estos actos y, por tanto, que existe una alta probabilidad de que la violación a la ley será descubierta. Segundo, el delator tiene que confiar en la autoridad y que, por tanto, su testimonio será tratado con la discreción y privilegios relativos que garantiza la ley. Y la confianza se construye poco a poco, con consistencia y seriedad.

Se trata de poner fin a un modus operandi que ha funcionado por décadas, un “así funcionan las cosas en México”, que permita transitar a una cultura del cumplimiento de la ley sin que, necesariamente, se destruyan todas las empresas que participaron en estas prácticas acostumbradas. Quebrarán aquellas que sólo dependían de estas prácticas para hacer negocios y sobrevivirán aquellas con méritos de gestión y en su especialidad.

Por ello se requiere la construcción de la confianza. Primero, confianza de la institución sancionadora y reguladora en sí misma. Confianza que va construyendo y fortaleciendo un espíritu de cuerpo y el orgullo entre sus integrantes de contribuir y participar en el cumplimiento de la ley. Confianza que va convirtiendo su autonomía en algo más que nueve letras consagradas en reformas constitucionales: no sólo se sabe autónomo formalmente, sino que hace uso de ella.

Y por parte de quien acostumbraba la cultura de la ilegalidad, temor a las capacidades de investigación, incorruptibilidad y autonomía del Ministerio Público que investiga los posibles actos de corrupción, así como confianza por parte de quienes se acojan a los programas de inmunidad mencionados, de que los acuerdos serán respetados. La Cofece cuenta con un cuerpo relativamente pequeño pero eficiente de agentes del Ministerio Público.

He mencionado en varias ocasiones el ejemplo de las operaciones anticorrupción del Ministerio Público y del Poder Judicial en Brasil. Es importante mencionar que las reformas a la ley que han permitido una de las mayores operaciones anticorrupción en la historia contemporánea se iniciaron hace casi 30 años. La reforma que dio total autonomía al Ministerio Público tuvo su origen en 1988 con la nueva Constitución que marcó el tránsito a la democracia. La reforma que instituyó la figura de delator premiado tuvo lugar en 1992, pero no ha sido sino hasta la última década que la autonomía del Ministerio Público ha rendido frutos y que la independencia del Poder Judicial se ha probado con éxito.

Conforme se ha venido construyendo como una institución confiable e implacable, la  Cofece ha visto aumentar paulatinamente  los casos tanto de testimonios protegidos como de declaraciones voluntarias de repudio a conductas violatorias de la ley.

Ése es un buen ejemplo de que lo más importante en la lucha contra la corrupción es la autonomía  administrativa, operativa y de investigación del Ministerio Público  y de la Procuraduría General de la República. En las reformas aprobadas, estas instituciones quedaron cuchas: cortas, todavía demasiado dependientes del favor del Ejecutivo federal. La transparencia a la que obliga la Ley 3de3 contribuye, pero no es ni el único ni el más importante instrumento contra las transas. Mi 3de3* está en línea. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog, y en Facebook: fb.com/ceciliasotomx