La CNTE de arriba
No grafitean las paredes ni monumentos por los que pasan. No organizan bloqueos de avenidas importantes o vías de comunicación vitales. No amenazan con tomar aeropuertos estratégicos. Tampoco se embozan para ocultar su rostro. Actúan a plena luz del día y sus acciones son cualitativamente más perniciosas que todo el desorden, caos y violencia local que provocan los movimientos sociales radicales.
Se trata de las élites del poder que reaccionan para bloquear, sabotear, mermar, descafeinar las propuestas para implementar un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. A diferencia de las alas radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con acciones sobre todo locales, la CNTE de arriba, la que frecuenta Los Pinos, tiene militancia mayoritariamente priista (pero no sólo tricolor) con vasos comunicantes con la representación de las principales cámaras empresariales, ejerce labores de sabotaje que tienen efectos nacionales perdurables.
Esta CNTE que frecuenta las tiendas de Mazaryk, no rompiendo sus cristales sino usando sus tarjetas Black y que cuando viaja incluye en su itinerario las ciudades donde se albergan los restaurantes de la lista de Los 50 Mejores del Mundo, está asustada con “el efecto Brasil”. Los medios de comunicación reproducen las noticias más llamativas de la crisis política que sacude al país del sur: una presidenta en proceso de juicio político que quizá concluya con su destitución definitiva, los presidentes de las cámaras de Diputados y del Senado a punto de ir a la cárcel, ministros y exministros que caen bajo la implacable Operación Lava Jato (pronúnciela así: operación “lava iato”, autolavado en español), la acción anticorrupción más extendida y profunda que se conozca en nuestro continente y más allá.
El terror al “efecto Brasil” fue el motor de las modificaciones a los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, parte del conjunto de leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Estas modificaciones fueron aprobadas por el PRI y sus aliados: el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, a pesar de que en la Cámara de Diputados (en el Senado los incisos b y c del artículo 32 ahora vetados por el Presidente les pasaron de noche) se les hizo ver una y otra vez desde tribuna la sandez mayúscula que se cometía y el error de debilitar la llamada Ley3de3.
Pero el verdadero triunfo del sabotaje de quienes están convencidos de que ser demasiado rigurosos en el tema anticorrupción “acabaría con el sistema como está sucediendo en Brasil” es el hecho de haber logrado una fiscalía anticorrupción debilucha y cuyo diseño impide su evolución hacia una verdadera institución autónoma e independiente.
El corazón de la Operación Lava Jato en Brasil es la sinergia entre un Ministerio Público verdaderamente autónomo e independiente, un procurador general que lo encabeza también con autonomía e independencia aunque formalmente depende del Ejecutivo y la independencia del Poder Judicial que no se limita a la Corte Suprema, como sucede en nuestro país, sino que se extiende a numerosos jueces. La independencia del Ministerio Público es tan fuerte que Brasil no tiene ombudsman porque desde los debates de la Constitución de 1988, se argumentó contra la propuesta de introducir esa figura, que “el Ministerio Público es el defensor del pueblo”. La reforma constitucional de 1988, realizada en pleno proceso de democratización después de la dictadura militar 1964-1985, dio plena autonomía e independencia al Ministerio Público, garantizando inamovilidad y carrera de por vida a quienes aprueben los difíciles exámenes de ingreso. En 1990, se aprobó la ley que autoriza la delación premiada (acción de confesar la propia participación en un delito y de delatar a los cómplices con los que se infringió la ley, que en ciertas circunstancias logra una reducción o modificación sustantivas de la sentencia o de las condiciones de prisión cuando ésta es preventiva). Este último instrumento, un Ministerio Público que verdaderamente busca representar y defender el interés público y un juez implacable, Sergio Moro, respaldado por la Corte Suprema, encabezan la más exitosa operación contra la corrupción.
Nuestro fiscal anticorrupción depende de un procurador general/fiscal general que a su vez puede ser removido por el Presidente. ¿Dónde puede estar la independencia? Los procesos de reclutamiento de ambos dependen de agradar al Senado o al Presidente y no de los méritos ante sus pares. Una reforma, la del sistema anticorrupción, en donde la CNTE de arriba grafiteó las leyes. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx